El alcalde de Benamargosa, a juicio por una supuesta vivienda ilegal

  • El fiscal le acusa de levantar la casa en suelo no urbanizable cuando aún no era alcalde

El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga tiene previsto juzgar hoy al actual alcalde de Benamargosa José Gallego (PA) al que la Fiscalía acusa de un delito contra la ordenación del territorio por construirse una casa presuntamente ilegal. Además, acusa a otras tres personas, dos concejales entonces y el que fuera arquitecto municipal en 2001.

El fiscal solicita para el actual regidor un año de prisión, al considerar en sus conclusiones iniciales que cuando no era alcalde llevó a cabo las obras de una vivienda de nueva construcción de dos plantas y piscina que fueron inspeccionadas en 2003 por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil cuando la edificación aún no estaba terminada.

La acusación sostiene que el suelo de la parcela donde se levantaban las obras estaba clasificado como no urbanizable, según el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Málaga, "con protección cautelar, complejo serrano de interés ambiental", aunque la entrada en vigor de dicho plan no se produjo hasta 2007, fecha posterior a los hechos.

Por esto, en el escrito provisional del ministerio público, al que tuvo acceso Europa Press, se señala que en todo caso la clasificación de la parcela en la que se edificó la vivienda debe ser considerada como la de no urbanizable común, "al carecer el municipio de normas de planeamiento" y conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria séptima de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.

El fiscal añade que las obras se hicieron "sin contar con licencia municipal que las amparase", ya que se solicitó, "sin obtenerla", licencia en 2001 "para reforma de vieja vivienda de campo existente". Apunta que una vez levantada acta por infracción urbanística y realizada la obra, "presentó en el Ayuntamiento escrito -diciembre de 2003- reiterando la solicitud con la intención de dar apariencia de legalidad a lo ya ejecutado". Asimismo, también acusa al entonces arquitecto municipal y a dos de los concejales del ayuntamiento que votaron a favor de la obra.

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