El alcalde afirma que su actuación en Los Merinos está avalada en informes técnicos

  • Marín Lara declaró ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ronda · El regidor dice que la denuncia es "una acción desesperada" de ecologistas e IU

El alcalde de Ronda, Antonio Marín Lara, defendió ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ronda la legalidad de su actuación en el caso Los Merinos, del que se instruyen las diligencias previas tras la documentación remitida por IU a la Fiscalía de Málaga. Además, mantuvo que todas sus intervenciones están sustentadas en informes favorables de los técnicos municipales, haciendo referencia de este modo a la aprobación por decreto del plan de urbanización de este proyecto urbanístico.

En cuanto a otros asuntos que se cuestionaban, el regidor rondeño explicó que el suministro de agua se solventó con un convenio entre el Ayuntamiento y la promotora para trasladar agua desde la depuradora.

En cuanto a la acusación de que se sobrepasó el 25% de superficie susceptible de ser transformada en la finca, Marín Lara hizo referencia a las cifras estimadas por los técnicos municipales, que sitúan este porcentaje por debajo del 5%, lo que estaría dentro de la legalidad. Además, insistió en señalar que "el decreto aprueba formalmente el proyecto de urbanización, que no su ejecución, pues para ello está supeditado al cumplimiento de una serie de condiciones".

Ahora se espera que en próximas semanas se solicite la comparecencia de diferentes técnicos del Ayuntamiento de Ronda y de la Junta de Andalucía. Y es que estos últimos habían emitido informes desfavorables en algunos aspectos, como la transformación del territorio y la garantía de recursos hídricos, según indicaron fuentes próximas al caso. Tras finalizar su declaración, Marín Lara se mostró confiado en que se cierre este asunto, señalando que "se archivará porque se trata de una acción a la desesperada de los ecologistas y sus amigos de IU, que han perdido todas las sentencias en el tribunal de lo contencioso administrativo".

Al mismo tiempo, acusó a los ecologistas y a la colación de izquierdas de querer culparle de algo que fue aprobado por la Junta de Andalucía en el año 1993, cuando se recogió este proyecto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), "cuando yo no era alcalde". Por otra parte, anunció que emprenderá acciones judiciales contra el coordinador provincial de IU, José Antonio Castro, y contra el portavoz de esta formación en el Ayuntamiento, Rafael Ruiz, ya que "no se puede hacer el trabajo sucio de los ecologistas y salir de rositas". "Lo que práctica IU es una especie de terrorismo político-judicial injustificado", afirmó.

Por su parte, el portavoz de IU en el Consistorio, Rafael Ruiz, valoró el resultado de la declaración del alcalde rondeño, al entender que "parece ser que el alcalde no ha defendido la legalidad o no de los Merinos, sino que basó su defensa en informes técnicos". Además, lamentó que "implique" a técnicos municipales, "en lugar de defender la legalidad del proyecto que él defiende".

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