La recuperación de lo expoliado durante la era GIL se ha convertido en una de las máximas prioridades del gobierno de Ángeles Muñoz (PP). Ayer, la Junta de Gobierno Local acordó solicitar al juzgado de Instrucción número 5 de Marbella una relación precisa de todos los bienes que se han intervenido durante las sucesivas fases de la operación Malaya. El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, explicó que el objetivo de esta petición es "saber qué es lo que se nos ha robado y la forma en que se ha materializado", para intentar recuperarlo en su mayor medida.

A ese respecto, el concejal recordó que existe un número de procesados e imputados en la trama corrupta que están inmersos en otros procedimientos judiciales, por lo que ya pueden existir medidas preventivas de embargo sobre las propiedades de estos antiguos responsables municipales.

Entre las causas que tienen pendientes por la "desaparición" de "cantidades millonarias" de las arcas del Ayuntamiento, Romero destacó los casos Saqueo y Monteverde, que se siguen instruyendo en la Audiencia Nacional, y los procedimientos abiertos por alcance contable en el Tribunal de Cuentas.

Ante este galimatías de procesos, el Consistorio quiere tener claro cuáles son las propiedades y conocer las cuentas bancarias para que en un futuro "no se pierda ni un solo euro en los recovecos judiciales". Aunque Romero reconoció que lo decomisado es tan sólo "la punta del iceberg" de los bienes expoliados, "nuestro afán es que se trabe el embargo y podamos conseguir si no el 100 por cien, al menos el 90 por ciento de lo que nos robaron".

Tampoco olvida que, tal y como se expone en algunos autos judiciales, "es complicado abarcar lo que puede haber en el extranjero", continuó el edil popular.

Sin embargo, el gobierno de Muñoz estima que la cifra de todo lo que se ha "defraudado" al Ayuntamiento puede oscilar entre los 460 y los 500 millones de euros.

Por otra parte, el portavoz municipal indicó que en los juzgados de Marbella continúan instruyéndose otras denuncias de presuntas malversaciones y desvíos de fondos. Sin ir más lejos, funcionarios del Consistorio tuvieron que prestar ayer declaración en el juzgado de Instrucción número 4 por el conocido como caso Fergocom, que investiga por qué el ex alcalde, Julián Muñoz, aceptó pagar facturas por valor de 3,6 millones de euros a una empresa de familiares de José María del Nido, ex abogado del Ayuntamiento, que no demostró haber realizado ningún trabajo al Ayuntamiento. En el juzgado de Instrucción número 1 hay abierta una causa por la enajenación de una parcela valorada en un millón de euros, indicó el portavoz.