Los comercios que no logren la legalización no podrán solicitar una indemnización

  • Un informe avala la posibilidad de dar licencia en precario a los 800 locales ilegales de Marbella hasta la aprobación del PGOU

Una solución "estable" para los más de 800 establecimientos comerciales que carecen de licencia de apertura por ubicarse en edificios contrarios al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986. La asociación de la pequeña y mediana empresa de Marbella (Apymem) presentó ayer al Ayuntamiento un informe jurídico, elaborado por el despacho de abogados Martínez-Echevarría-Pérez-Ferrero, que plantea una posible salida a este problema, que afecta a más de 2.500 familias del municipio. En concreto, los letrados proponen que los propietarios de los locales ilegales reciban una licencia "en precario" hasta que se apruebe el nuevo PGOU y los promotores asuman las cargas urbanísticas por la regularización de sus construcciones. A cambio de acogerse a esta propuesta, los empresarios tendrán que desestimar la posibilidad de solicitar en el futuro una indemnización al Consistorio en caso de que, finalmente, su negocio no pueda obtener la esperadísima licencia de apertura.

Aunque a priori las expectativas son buenas para las más de 800 tiendas, no se puede obviar que alguna puede tener dificultades en el futuro por encontrarse en una zona verde o de equipamiento. En cuanto a la idea de conceder una licencia en precario, uno de los abogados que ha elaborado el informe, Carlos García-Manrique, argumentó que no se trata de "una fórmula mágica" creada para esta ocasión, ya que está recogida en la jurisprudencia y ha sido utilizada por otras administraciones que se han visto inmersas en situaciones similares.

García-Manrique defendió la propuesta por tratarse de una "alternativa jurídica factible", debido a que las licencias de apertura en precario dejarán de tener un carácter provisional y contarán con todos los parabienes legales una vez que se haya aprobado el PGOU y las compensaciones estén ejecutadas. Así se lo hicieron saber ayer a la concejal de Comercio, Alicia Jiménez (PP), y a varios técnicos municipales en una reunión en la que le facilitaron una copia del informe encargado por los empresarios.

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