La defensa de Isabel Pantoja ve los cargos imputados "iguales" a los de hace dos años

  • Sus abogados aseguran que no existe ninguna variación sobre su situación

La defensa de la cantante Isabel Pantoja aseguró ayer que "por primera vez" en el procedimiento penal abierto contra su cliente por un presunto delito de blanqueo "existe una resolución judicial en la que el instructor imputa cuestiones presuntamente delictivas" y consideró "muy significativo" que estas cuestiones sean "exactamente" las mismas que en el inicio de la investigación, hace dos años.

El juez de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), Óscar Pérez, dio por concluida la instrucción de este causa y ordenó seguir el trámite del procedimiento abreviado por supuestos delitos de blanqueo contra Pantoja, el ex alcalde marbellí Julián Muñoz, su ex mujer, Maite Zaldívar, y 11 personas más, según el auto notificado ayer a las partes, y al que tuvo acceso este periódico.

Las cuestiones presuntamente delictivas que se imputan son relativas a la adquisición de un apartamento en el hotel Guadalpín de Marbella, de un inmueble en la urbanización La Pera y a ciertos ingresos bancarios, cuestiones que, según indicaron los abogados de la tonadillera, aparecen en esa resolución "relatadas de similar manera que en el inicio de las presentes diligencias previas".

"Lo que evidencia que tras dos años de investigación de esta causa penal, ningún dato más ni operación supuestamente delictiva puede añadirse a las que ya estaban totalmente definidas", según indicaron desde la defensa a través de un comunicado. Asimismo, recordaron que, una vez notificado este auto "y tras los recursos pertinente y si fueran desestimados", habrá que esperar los escritos de acusación, "si existieran", para, entonces, "conociendo ya las concretas imputaciones que pudieran efectuarse, desvirtuar aquellas imputaciones supuestamente delictivas que afectan a María Isabel Pantoja Martín".

Por tanto, indicaron que no se ha producido variación alguna en la situación personal de la cantante, de modo que "cualquier información, tertulia, comunicación o comentario especulativo que difiera de lo expuesto en relación con este procedimiento carece de todo fundamento y responderá, sin duda, a oscuros intereses de quien los mantenga".

En el auto se señala que existen "indicios" de un posible delito de blanqueo y se apunta que "era de dominio público" que mantenía con Julián Muñoz "una relación sentimental" y "de confianza" que en el tiempo se situaría, en todo caso, "a partir del segundo semestre del año 2002".

Así, el juez considera que "su propia actividad profesional no justifica la capacidad económica para hacer frente a las inversiones realizadas". Para el instructor, la cantante "se relacionó con una persona implicada en actividades ilícitas y de la que resultaban importantes beneficios económicos, siendo razonable pensar que la naturaleza de la relación le permitía conocer aquellas circunstancias, independientemente del carácter público y conocido de las imputaciones".

En este sentido, se analiza la adquisición por parte de la cantante de un apartamento en el hotel Guadalpín a través de una empresa, con escritura pública otorgada por Aifos en 2003; así como la compra del inmueble llamado Mi Gitana, en la urbanización La Pera.

Respecto a las cuentas, el magistrado destaca que resulta "llamativo" que durante 2002, "antes de su relación con Julián Muñoz", sólo ingresó en efectivo 4.816 euros, aunque en 2003, "coincidiendo con las relaciones con aquél", las imposiciones en efectivo en sus cuentas privativas fueron de 293.497 euros, lo que "contrasta" con su propia declaración de la renta de ese año.

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