Nuevo frente abierto en Fuengirola, esta vez por la imputación de la edil de Urbanismo, Ana Mula, por un presunto delito de falsedad documental. Así lo anunció ayer el secretario general del PSOE en la localidad, Javier García León, en una comparecencia en la que estuvo acompañado por el secretario provincial socialista, Miguel Ángel Heredia. Según García León, al parecer, los hechos se remontan a septiembre de 2010, cuando una familia de la localidad presentó una denuncia contra la concejal, que actualmente ocupa el puesto número dos en las listas del PP para las elecciones municipales del 22 de mayo. El socialista explicó que la denuncia está basada en una supuesta manipulación de planos, lo que permitió la invasión "ilícita" de unos terrenos de propiedad privada en la zona de La Loma. En este lugar se construyó un vial que da acceso a la autovía desde la avenida de Las Salinas.

"Consideramos que se han tomado terrenos de otros a lo bolchevique. Si la persona que ha llevado a cabo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) anda, supuestamente, manipulando planos no nos extraña que el documento haya estado cargado de sospechas por parte de la ciudadanía", dijo García León, quien criticó que es un documento "con más sombras que luces".

Asimismo, aseveró que esta denuncia está estrechamente ligada al departamento dirigido por Mula, ya que posteriormente fuentes cercanas informaron de que en el mismo caso también se encuentran imputados el arquitecto municipal y el jefe de Patrimonio. La edil tendrá que declarar el próximo día 17 de mayo en el Juzgado número 1 de Fuengirola.

Pero Mula no quiso quedarse callada y respondió a las duras acusaciones. La responsable de Urbanismo dijo que se trata de un asunto "administrativo" y apostilló que la decisión de abrir el vial se tomó en base a una documentación aportada por el Ministerio de Fomento, que una vez incorporada al expediente y analizada por los técnicos, determinó que el terreno estaba en una zona de dominio público.

La edil del PP detalló que el tramo estaba expropiado desde los años 80, aunque este dato se conoció posteriormente al analizar los documentos, y que en 2000 se decidió establecer un convenio para conseguir el espacio y garantizar el acceso a la vivienda situada allí. Sin embargo, tras no llegarse a un consenso, el Ayuntamiento optó por acudir a la vía de la expropiación, momento en el que se detectó que los suelos eran considerados de dominio público. Por último, acusó a García León de "mentir", y dijo no recordar "otra campaña más sucia y vulgar como la que está llevando a cabo el socialista".