Tres ex ediles del GIL en Estepona son condenados a pagar 900.000 euros

  • El Tribunal de Cuentas obliga a los concejales a abonar el dinero que no aparece justificado en nueve sociedades municipales

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Después de 10 años de espera el Tribunal de Cuentas se ha pronunciado y ha condenado a tres ex concejales del GIL en Estepona a abonar 900.000 euros injustificados en nueve sociedades municipales creadas entre 1995 y 1999 y que en estos momentos se encuentran en periodo de liquidación.

Entre los condenados se encuentra el que fuera socio de gobierno del alcalde, Antonio Barrientos (PSOE) en el pasado mandato, José Ignacio Crespo (PES), así como los ex ediles Antolín González Quintana, Víctor Sánchez Pinacho y el ya fallecido gerente de las sociedades, Antonio Pérez Quero. Todos ellos cuentan con un plazo de 15 días para poder recurrir las condenas.

De los 900.000 euros reclamados por el Tribunal de Cuentas, 741.683,79 euros suponen el alcance contable cerrado en las sociedades Obras Estepona XXI, Planeamiento Estepona XXI y Servicios Estepona XXI.

En un principio el informe de fiscalización detectó 6.411.255 euros injustificados en estas tres empresas, cantidad que ha quedado finalmente reducida a 741.683,79 euros. En estos casos el Ayuntamiento presentó demanda por 395.804,94 euros frente a los 5.559.878 euros por los que interpuso demanda el grupo político Convocatoria Los Verdes que se personó para ejercer la acción pública exigiendo en todos los casos responsabilidades directas de los ahora condenados frente a la responsabilidad subsidiaria exigida por el Ayuntamiento.

A Crespo, Quintana y Sánchez Pinacho el órgano fiscalizador los condena conjuntamente a pagar de manera directa y solidaria 346.840,67 euros en los casos de las sociedades Obras, Servicios y Planeamiento. Además de esta cifra, Crespo y Sánchez Pinacho deberán responder subsidiariamente de hasta 306.002,45 euros en el caso de las empresas Servicios y Planeamiento siempre y cuando no haya sido posible hacerse efectiva la responsabilidad directa recaída sobre el gerente por esa misma cantidad.

En cuanto al que fuera concejal de Turismo en el pasado mandato, Antolín González Quintana, éste está condenado a responder solidariamente, entre las tres empresas, de hasta 78.143,59, si bien en Servicios y Planeamiento, además, deberá responder subsidiariamente de 258.376,57 euros. Este ex concejal además deberá responder de manera directa de 2.031,42 euros en el caso de Obras.

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