Otros cinco ex ediles del GIL intentan cerrar un pacto con la Fiscalía

  • Se prevé una pena por delito urbanístico de nueve meses de cárcel y los afectados cumplirían un máximo de 27 meses

Letrados de cinco ex concejales del GIL de Marbella de la Corporación 1999-2003, imputados en varios casos de delitos contra la ordenación del territorio, se reunieron ayer con representantes de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga para tratar aspectos de la formalización del acuerdo de conformidad en los casos de licencias urbanísticas irregulares. El acuerdo supondrá para estos aceptar una pena de nueve meses de prisión, y cumplirán el triple de la misma, que es lo que establece la ley.

Según fuentes judiciales, las conversaciones atañen en este caso a los ex concejales José Luis Fernández Garrosa, Tomás Reñones, Alberto García, Francisco Javier Lendínez, José Luis Troyano. Estos dos últimos ya se conformaron el pasado día 22 de septiembre con una pena de nueve meses de prisión y 10 años de inhabilitación en un caso concreto por delito urbanístico, procedimiento en el que Julián Muñoz, ex alcalde de Marbella, también estuvo sentado en el banquillo de los acusados y se conformó con una pena de un año de cárcel.

De cerrarse el pacto con los cinco ex ediles citados anteriormente, cumplirían un máximo de 27 meses de cárcel, es decir, el triple de la condena impuesta.

El encuentro de ayer tenía el objetivo de avanzar en cómo se va a formalizar el pacto de conformidad, en el que letrados y Fiscalía llevan trabajando desde finales del pasado año, ya que afecta a diligencias judiciales que están tanto en los juzgados de instrucción de Marbella como las sedes de lo penal pendientes de la fecha de juicio, según señalaron fuentes de las defensas.

Las mismas fuentes precisaron que aunque en la reunión de ayer aún no se cerró ningún acuerdo y se debe mantener por lo menos un nuevo encuentro, aún sin fecha, "existe voluntad de pacto". El mismo acuerdo ya se cerró para los ex concejales del mandato comprendido entre 1995 y 1999 (el segundo del GIL en Marbella) y afecta a Julián Muñoz, Rafael González, Manuel Calle, Mario Jiménez, Dolores Zurdo y Marisa Alcalá.

Estos ex concejales aceptaron una pena de un año de prisión, sin posibilidad de sustitución por multa, y 10 de inhabilitación. Al tratarse de delitos conexos, el Código Penal establece el cumplimiento del triple de la pena máxima, en este caso, tres años de prisión.

Las conversaciones sobre los delitos urbanísticos se iniciaron a instancia de los abogados con el fin de agilizar la tramitación de los numerosos procedimientos pendientes en los juzgados y sólo afecta a las licencias urbanísticas presuntamente irregulares concedidas en Marbella.

El acuerdo marco contempla penas de ingreso en prisión, sin que haya posibilidad de suspensión ni sustitución de ésta por una multa, que oscilan entre los seis meses y un año, así como inhabilitación de 10 años, por cada causa pendiente. Los ex ediles tendrán que reconocer los hechos y admitir su ingreso en la cárcel en todos los casos.

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