El desahucio de la familia de Francisco Manuel Ramírez de su vivienda en Cártama (Málaga) ha sido ejecutado hoy, en el tercer intento, después de que el pasado jueves se suspendiera sin personarse la comisión judicial para comunicarlo. Durante el desahucio se ha desplegado un gran dispositivo policial y la familia ha estado apoyada, como en ocasiones anteriores, por numerosos vecinos y miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Málaga.

Según han explicado desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Málaga, sobre las 09.45 horas fueron avisados de que cerca de la casa de Francisco, vecino del núcleo poblacional de Estación de Cártama, de 46 años, casado y con tres hijos, había unos 15 coches de la Guardia Civil y una unidad de antidisturbios.

Más tarde, sobre las 10:00, los guardias civiles, unos 30, comenzaron a acordonar la zona y "poco a poco nos fueron cercando e impidiendo el acceso a la gente que ya estaba fuera, por lo que no nos dejaban entrar a la zona de la puerta de la casa". Francisco y su familia se encuentran ahora fuera de la casa con todas sus pertenencias dentro y, según han afirmado, "no tienen a donde ir".

Al parecer, más de un centenar de personas se encontraban en los alrededores del inmueble cuando "la Guardia Civil ha empezado a quitar a la gente; nos preguntaron si nos íbamos a ir y le dijimos que no porque no íbamos a permitir que esta familia se fuera y se quedara en la calle".

Además, han señalado que "en ningún momento" los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Málaga han podido hablar con la comisión judicial, por lo que "no hemos podido negociar; estaban siempre escoltados por la Guardia Civil".

Los efectivos de la Benemérita han procedido al desalojo de la zona y con un mazo han abierto la puerta para, una vez dentro, sacar a las personas que había, incluido a Francisco y a su familia. "Ha sido brutal como lo han tratado", han manifestado.

"Nosotros, tanto miembros de la plataforma del 15M como vecinos solidarios, intentamos resistir de manera pacífica, pero ellos violentamente han agarrado a la gente del cuello, del brazo y ha sido brutal", ha explicado. Unas cinco o seis personas han acudido al centro sanitario porque "están llenos de moratones". 

El Defensor del Ciudadano de Málaga, Francisco Gutiérrez, también ha criticado la actuación, que se ha desarrollado con un número "desmesurado y excesivo" de agentes de la Guardia Civil. Así, ha señalado que los efectivos "han ido arrastrando la gente, sacándola, pidiendo carnés de identidad y, al final, han echado abajo la puerta de una forma brutal".

Además, según Gutiérrez y también miembros de la plataforma, efectivos de la Guardia Civil han identificado a una veintena de personas y les han pedido el DNI, que "imagino que será para hacer algún tipo de denuncias", han indicado, "aunque hasta que no reciban las notificaciones no sabemos". Desde la Guardia Civil, por su parte, han informado a Europa Press de que no les consta ninguna denuncia al respecto.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Málaga han criticado "esta práctica violenta". "Creemos que se trata de un acto criminal por parte del Estado, por permitir que efectivos de la Guardia Civil ataquen en contra de los ciudadanos", han declarado. 

Esta familia vivió una primera orden de desahucio el 8 de junio, que fue aplazada al pasado jueves, 19 de julio, día en el que contó con el apoyo de unas 200 personas concentradas a las puertas de la vivienda, entre ellas, el Defensor del Ciudadano; el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, Y la diputada provincial del PP Leonor García-Agua.

Francisco Manuel Ramírez se quedó en paro en 2009 y ahora trabaja a media jornada como barrendero para el Ayuntamiento de Cártama. Debe unos 8.000 euros de hipoteca, una cantidad que con los intereses se eleva a más de 135.000 euros.

Además, Gutiérrez, que también ha estado en el desahucio, ha criticado "la cerrazón del banco al negarse a cualquier tipo de acuerdo o negociación con esta familia", ya que, a su juicio, "podían perfectamente tener un alquiler social durante dos años y pagarlo porque ha encontrado un trabajo".

"La cerrazón del banco y la actuación de la Guardia Civil, todo esto, lo que está produciendo es una auténtica situación sin sentido, una auténtica barbaridad, porque mientras esta familia esta noche no sabe dónde va a dormir, los bancos se están adjudicando miles de viviendas vacías porque no hay compradores para las mismas", ha apostillado.

En este sentido, ha insistido en que "las familias están en las calles sin saber dónde van a dormir esta noche y el banco se adjudica una nueva vivienda para tenerlas vacías y sin ocupación".

Por otro lado, ha explicado que se ha puesto en contacto con el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, "para informarle de la situación", y además iba a hablar con la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, y con el subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar", porque "entendemos que esto es una situación total y absolutamente irracional e injusta".

Por último, Gutiérrez ha señalado que el desahucio se ha llevado a cabo con "una cierta crueldad", ya que, tal y como ha recordado, la familia recibió la notificación pasado martes, por lo que el desahucio ha sido "en menos de 24 horas" y "el pueblo, que quería apoyarlos, no se ha enterado porque ha sido de un día para otro".