El último informe elaborado por el interventor municipal en el Ayuntamiento de Benalmádena, Javier Gutiérrez, sobre el comedor social, asunto ya bajo instrucción judicial, introduce nuevas presuntas irregularidades contables. Así, el documento, al que ha tenido acceso este periódico, destaca que "no están contabilizados los ingresos procedentes de particulares mediante domiciliación bancaria", así como tampoco aquellas aportaciones realizadas por empresas productoras de alimentos, hoteles y supermercados. Asimismo, pone en duda la autenticidad de un buen número de firmas que son "susceptibles de dudas razonables" y se justifican gastos que no corresponden a la cuenta bancaria donde el Ayuntamiento ingresa la subvención.

Entre otras cosas, además, el informe denuncia la creación de sociedades mercantiles dedicadas a la comercialización de productos alimenticios que estarían controladas por parte del presidente de la asociación del comedor social, José Lara, así como por la esposa de Francisco Salido, según se desprende del documento, con fecha del pasado 3 de febrero. En concreto, se le atribuye a Susana Cañete, administradora única, la sociedad Al-Papasu SL, mientras que "no se le conoce actividad relacionada con el comercio de alimentos en el municipio, ni hay constancia de que exista local comercial donde se pudiera ejercer dichas actividades comerciales". Por el contrario, José Lara es apoderado desde 2012 de la sociedad Lucky Bamboo, S.L. "Al respecto, cabe indicar que no se conoce local ni actividades de estas sociedades, que no constan en este Ayuntamiento las correspondientes licencias de apertura", concluye.

Al mismo tiempo, el documento recoge gastos en concepto de gasolina de al menos tres vehículos que repostan, de una sola vez, hasta 250 euros en combustible.

En este sentido, el grupo municipal de Izquierda Unida, quien ha calificado el informe de "demoledor" y ha considerado como "especialmente graves" las consideraciones realizadas por el interventor, asegura que solicitará una comisión de investigación y anuncia que están estudiando personarse en la causa. Al mismo tiempo, ponen en duda que desde el Consistorio se esté facilitando toda la documentación a la justicia. "Han pasado más de veinte días desde la elaboración del informe y desconocemos qué ha hecho la alcaldesa con él nos parecería muy grave que no lo hubiera facilitado ya a la Justicia como el propio interventor reclama en el informe de referencia. Esperamos que aclare este extremo porque pudiera parecer que intenta dificultar el esclarecimiento judicial del asunto", agrega Elena Galán, portavoz de IU.

"El análisis que ha realizado el Interventor", declara, "de la documentación que aporta la asociación receptora de las subvenciones no despejan ninguna duda sino que más bien afianzan todas las sospechas e introduce otros elementos que requieren una rápida explicación por parte de los implicados, y una aclaración de lo ocurrido y de las responsabilidades políticas que de esos hechos se traduzcan", añade.

Un informe elaborado anteriormente el pasado mes de agosto ya desveló que existían más de 250.000 euros sin justificar en el comedor social, entidad gestionada por una asociación a través de un convenio con el Ayuntamiento.

El equipo de gobierno ha asegurado que ya se remitió a Fiscalía el nuevo documento, igual que ya se hiciera con el primer documento de fiscalización sobre el Comedor Social. No obstante, ha criticado la actitud de la coalición de izquierdas que "ya conoce las actuaciones acometidas por el equipo de gobierno y, sin embargo, pretende ahora actuar como adalid de la justicia cuando ha ejercido como convidado de piedra en todo lo relacionado con el Comedor Social". En este sentido, añaden que el asunto está en manos de la justicia y "si IU quiere personarse a estas alturas en el caso que lo haga, pero sin cacareos ni golpes de pecho". Desde IU, insisten en que después de este informe esperan que el Partido Popular "no puede parar una comisión de investigación sin dar la sensación de estar intentando que no se sepa toda la verdad, bien porque no se quieran aceptar las responsabilidades políticas o bien por complicidad en los hechos". Así las cosas, el partido ha remitido tanto al secretario provincial del PP, Elías Bendodo, como al secretario general en Andalucía, Moreno Bonilla, el Informe de la Intervención solicitándoles que "den instrucciones a su grupo en Benalmádena para que no se oponga a la comisión de investigación".