La juez se inhibe en el caso de la administradora de Malaya y lo pasa a Marbella

  • La gestora judicial fue denunciada por el supuesto desvío de 158.000 euros

La juez de Carmona a la que le correspondió por turno de reparto investigar el presunto desvío de 158.00 euros desde las empresas de Juan Antonio Roca a las cuentas personales de la administradora judicial de esas sociedades, la economista María Teresa Navarro, se ha inhibido del caso. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó ayer que la juez ha firmado un auto en el que acuerda devolver las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella y al magistrado instructor de la operación Malaya, Óscar Pérez. La magistrada se acoge al artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que hace alusión a la posibilidad de los tribunales de no considerarse competentes en determinados asuntos.

Ahora, el magistrado Óscar Pérez podrá aceptar el caso o rechazarlo, en cuyo supuesto daría lugar a un conflicto de competencias que debería resolver un órgano superior. El origen de este procedimiento reside en una denuncia interpuesta en diciembre pasado por el actual administrador judicial de las sociedades de Roca, Juan Macías, en la que advertía que 158.000 euros habían pasado desde las sociedades del presunto cerebro de Malaya a las cuentas privadas de la administradora judicial a través de cinco movimientos de dinero de los que no había quedado, al menos en cuatro casos, ningún documento ni asiento en los libros de contabilidad.

El juez Óscar Pérez dedujo testimonio y remitió la denuncia junto con la documentación aportada al Juzgado Decano de Carmona, porque la profesional denunciada tiene su despacho en Mairena de Alcor (Sevilla) que pertenece a este partido judicial. La remisión al juzgado sevillano se produjo el 14 de diciembre del año pasado y hasta ahora no se había conocido que la jueza no se declarara competente para desarrollar esta investigación. Los movimientos de capital que se le atribuyen a la ex administradora se produjeron entre julio de 2008 y abril de 2009. La denunciada alegó a su compañero que obedecían a gastos derivados de su función como administradora y a la señal por la venta de un inmueble.

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