El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Málaga ha anulado el decreto del Ayuntamiento de Benamocarra por el que se ordenó el precinto del instituto de la localidad, alegando deficiencias estructurales en el edificio, y lo ha considerado "contrario a derecho".

En el fallo el titular del juzgado estima el recurso presentado por la Delegación Provincial de Educación en Málaga y la Asociación de Padres y Madres contra la orden de precinto, dictada en enero de 2012 "por razones de seguridad" y avalada por informes del Consorcio de Bomberos y el arquitecto municipal.

El cierre del instituto La Maroma obligó al traslado de doscientos alumnos de Benamocarra, El Borge, Almáchar e Iznate a aulas prefabricadas en el IES Joaquín Lobato de Torre del Mar, en el municipio de Vélez-Málaga.

El precinto fue levantado en marzo de 2012 después de que el juzgado admitiese las medidas cautelares solicitadas por la Delegación y los padres, aunque el procedimiento judicial continuó su curso y ha derivado en esta sentencia, en la que se imponen las costas al Ayuntamiento y que ya ha sido recurrida por el consistorio.

En los fundamentos de derecho, el magistrado señala que la decisión del alcalde, Abdeslam Lucena, de ordenar el precinto para realizar una inspección carece de justificación, "ya que no consta que existiera una obstaculización a la labor inspectora municipal". Asimismo, según el juez, "no parece que se pueda afirmar que existían riesgos para la seguridad debidamente constatados que justificaran en apariencia medida tan grave como la adoptada con informes elaborados sin realizar una inspección directa".

"El precinto, medida de extrema gravedad y notoriamente perjudicial para los alumnos y que exigía una cumplida motivación y justificación, no puede acordarse tomando por base meras suposiciones y sin haber constatado de manera fehaciente el déficit de seguridad", añade la sentencia.

El fallo judicial también muestra su preocupación por lo que califica como "contradicción en el proceder municipal", puesto que el Ayuntamiento pidió a la Delegación obras para garantizar la seguridad en el centro, pero negó la licencia para las mismas y las paralizó cuando éstas se intentaron llevar a cabo como trabajos de emergencia.

Por su parte, Lucena ha explicado que ordenó precintar el instituto precisamente a raíz de estas obras, que se estaban ejecutando sin licencia, una actuación que ha recibido el visto bueno del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga.

En una sentencia de octubre pasado, la titular del juzgado indica que estos trabajos no fueron contratados por el órgano competente, que era el Ayuntamiento de Benamocarra, y no ha estimado el recurso contra la paralización de las obras presentado por el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, al que condena al pago de las costas.

"La Junta llevó a cabo una actuación sin licencia, y eso motivó que el Ayuntamiento la paralizase y precintase el centro educativo. Tenemos el visto bueno de un juzgado, pero una sentencia negativa de otro, y por ello, hemos recurrido", ha añadido el alcalde.