En total podrían ser más de 360.000 metros cuadrados. Y es que, según el movimiento ciudadano antideslinde, a los 190.000 metros cuadrados de suelo marbellí que pasarían al municipio vecino de Benahavís, se podrían sumar otros 170.000 metros cuadrados correspondientes a unas fincas ubicadas en el Real de la Quinta y Casablanca, que pese a encontrarse en suelo rústico de Marbella estarían inscritas en el catastro como si fueran de Benahavís, según confirmó ayer a este periódico la abogada y miembro del colectivo, Cristina Falkenberg, quien no dudó en asegurar que "podríamos estar ante un posible segundo deslinde".

Ante esta situación, el movimiento ha solicitado la corrección del catastro y cobro de los tributos dejados de ingresar, así como la solicitud de corrección del registro de la propiedad de aquellas fincas que pudieren hallarse incorrectamente. Asimismo, adelantaron que estudian abrir acciones legales contra el secretario municipal, Antonio Rueda, por el informe presentado la semana pasada en el que avalaba el voto de la alcaldesa en el pleno ordinario de noviembre sobre el expediente y aseguraba que los terrenos seguirán teniendo la misma calificación.

Al mismo tiempo, entre el resto de acciones legales emprendidas por el movimiento se encuentra la solicitud a la dirección general de la administración local de que vuelva a colocar los mojones en su sitio, y la formulación del escrito de alegaciones completas. Mientras que entre otras acciones en estudio están una denuncia administrativa por los destrozos realizados por los movimientos de tierras en la zona arqueológica de Cerro Colorao y, además, "no se descarta poner en manos de la Fiscalía aquellos hechos que se entienda puedan ser susceptibles de constituir un ilícito penal".

Por su parte, el portavoz municipal, Félix Romero, insistió en que la plataforma contra el deslinde entre Marbella y Benahavís "está movida por los grupos de la oposición y de nuevo vuelve a evidenciar su falta de razón en sus argumentaciones". En este sentido, Romero recordó "por enésima vez que el expediente de modificación de las lindes entre ambas poblaciones lo inicia de oficio la Junta de Andalucía no el Ayuntamiento y que, por tanto, el Consistorio tendrá que asumir el acuerdo del Gobierno autonómico". "Es una cuestión que nos incumbe en la medida en que somos un ayuntamiento afectado pero es un expediente llevado a cabo por la Junta de Andalucía", aseguró Romero, quien pidió a la plataforma y a los grupos de la oposición que "dejen de faltar a la verdad continuamente".

Según el edil en el pleno extraordinario del viernes 13 de febrero "quedó claro que no puede haber nadie que se beneficie con el deslinde por lo cual todo lo que están diciendo es mentira y ruido que seguirá existiendo hasta que se celebren las próximas elecciones municipales", concluyó.