El Ayuntamiento de Benalmádena ha decidido poner todo de su parte para evitar comportamientos incívicos o que supongan un riesgo para el litoral. Con este motivo, el equipo de gobierno ha dado luz verde, aunque de forma provisional, a una nueva ordenanza que a partir de ahora servirá para regular el uso de las playas de la localidad. Una normativa pionera que quiere poner en valor la costa y que fija sanciones de hasta 6.000 euros para aquellos que la incumpla de forma reiterada.

El alcalde, Javier Carnero (PSOE), explicó que la normativa se ha dividido en un total de 46 artículos, en los que se determinan tanto las obligaciones como los derechos de los usuarios y de los empresarios. Por ejemplo, a partir de ahora aquellos bañistas que quieran realizar una moraga en Benalmádena deberán abonar una fianza de 50 euros y solicitar un permiso en el propio Consistorio al menos con una semana de antelación. Una medida con la que se quiere regular la organización de este tipo de eventos.

Pero como es habitual también contempla un régimen sancionador. Así, los usuarios que abandonen animales que sean considerados como "peligrosos" en la costa se podrán enfrentar a sanciones de hasta 6.000 euros, cuantía que se aplicará a aquellos que realicen vertidos de productos contaminantes y peligrosos o usen bombonas y líquidos inflamables en plena playa, acciones catalogadas como muy graves.

Según el regidor socialista, los bañistas no podrán usar geles o champú en el agua de mar para evitar la contaminación, al tiempo que se prohíbe realizar el mantenimiento de embarcaciones o estacionar vehículos no autorizados en plena arena, bajo amenaza de ser sancionados con hasta 3.000 euros. "Por ejemplo, dentro de las multas leves hemos considerado el cocinar sin permiso y deteriorar las duchas o el mobiliario urbano de nuestras playas. Esto puede acarrear multas de 100 a 1.000 euros, aunque todo depende de la acción o de si es un comportamiento reincidente", afirmó Carnero.

Uno de los puntos más curiosos de la normativa es que a partir de ahora serán los propios empresarios de playas, los hamaqueros en este caso, los que se encarguen de velar de que en sus parcelas no se produzcan ventas ilegales. También se impide que los usuarios puedan colocar sus toallas o sombrillas en el espacio que queda entre las parcelas de hamacas y la orilla del mar.

A pesar de que este reglamento sólo se ha aprobado inicialmente, a la espera de que se cumpla el periodo de alegaciones, no ha pasado desapercibido para los partidos en la oposición, sobre todo para el PP. Y es que el edil popular, Rafael Obrero, criticó abiertamente la fianza de 50 euros para realizar moragas al señalar que en la normativa no se determina cuándo se va a poder rescatar dicha cantidad. De hecho, advirtió de que las moragas "son una costumbre que llega de tiempos remotos", por lo que criticó el "excesivo" plazo a la hora de solicitar el permiso y consideró suficiente el aportar el DNI. Al tiempo, denunció que se quiere "someter" a los empresarios de playas a una responsabilidad "inusual e injusta" en lo que se refiere al control de la venta ambulante.