Provincia

Un juez ordena al Ayuntamiento levantar el precinto del instituto

  • Los alumnos volverán al centro educativo para estudiar "con total normalidad"

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Málaga acordó ayer la suspensión del precinto del IES La Maroma acordada por el Ayuntamiento de Benamocarra, "en cuanto exceda de la obra suspendida por el decreto de Alcaldía". Así, los alumnos del centro podrán incorporarse el próximo lunes a las clases y no tendrán que trasladarse a las aulas prefabricadas que la Consejería de Educación había previsto en el IES Joaquín Lobato de Torre del Mar. De esta forma, según manifestó el delegado provincial, Antonio Escámez, "las clases se reanudarán con normalidad". En el auto se advierte que dada la documentación presentada, "no justifica el precinto de todas las instalaciones del centro como al parecer había hecho el Ayuntamiento" y "excluye de riesgo para el alumnado o cualquier otro miembro de la comunidad educativa".

El enfrentamiento que mantienen el Ayuntamiento de Benamocarra y Educación se agravó el pasado 15 de diciembre cuando la administración local decidió paralizar las obras que el Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos realizaba en la escollera que rodea el edificio. Dos semanas después, "por motivos de seguridad" el equipo de gobierno decidía precintar el centro. Entonces, el organismo dependiente de la Junta de Andalucía recurrió al Juzgado solicitando la medida "cautelarísima de suspensión del precinto IES La Maroma realizado por el Ayuntamiento". La razón de urgencia estaba sustentada en que dicho cierre impedía "el normal desarrollo del servicio público educativo" el próximo lunes, una vez finalizado el periodo vacacional navideño. Así, el informe técnico aportado sobre el estado de las instalaciones del edificio, "excluye la existencia de riesgo para el alumnado o cualquier otro miembro de la comunidad educativa", y añade "procede suspender el precinto del centro en cuanto exceda de la obra suspendida por el decreto". Sobre la medida judicial no cabe recurso. No obstante, ambas partes tendrán que presentarse el martes en la sala de vistas del Palacio de Justicia para "ser oídos del levantamiento, manteniéndose o modificándose esta medida".

"Los informes del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos establecen que el edificio no tiene ningún problema. Cumple con todas las medidas de seguridad y hay certificaciones del buen funcionamiento del sistema eléctrico, de incendio, caldera o ascensor. Las obras son el exterior y el perímetro está perfectamente acotado. Por tanto, los trabajos no afectan a la actividad escolar", zanjó Escámez.

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