CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

La senda del Alhaurín

  • La detención del alcalde, concejales, técnicos y empresarios de Estepona, en la Operación Astapa, demuestra que el modelo de gestión de Gil ha creado escuela. Observadores y expertos de la Costa analizan los últimos casos y dan soluciones

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El fiscal del caso Astapa sostiene que el Ayuntamiento de Estepona funcionaba según el patrón de Marbella. El modelo de gestión del maestro Jesús Gil ha hecho escuela, porque ha situado los resultados aparentes e inmediatos de los municipios de la Costa del Sol en un horizonte inalcanzable con la legislación, las reglas de juego democráticas y los métodos tradicionales de la Administración. En los últimos veinte años no sólo ha dado un cambio copernicano la economía local a lomos del caballo desbocado de la construcción, sino que también ha calado hondo la idea de Gil de que los ayuntamientos hay que gestionarlos con criterios de empresa privada. El beneficio, el dinero, se han convertido en la pieza angular de un patrón de gobierno. Los medios no importan tanto como los resultados. El modelo marbellero tiene su punto de partida en una exagerada voracidad financiera del ayuntamiento. Lo cuentan distintos interlocutores en la Costa.

–Ser honrado es muy fácil o muy difícil. Eso es así en Estepona y en todas las marbellas de España.

–En Estepona se ha llegado a pedir 3.000 millones de pesetas por una recalificación.

–Yo he visto pedir más.

–¿En Estepona?

–No. En Marbella.

Insuficiencia financiera

“En una situación de bonanza, el dinero no hay quien lo pare”. La frase es de un observador de los cambios sociales ocurridos en la Costa del Sol desde que Jesús Gil consiguió 19 de los 25 concejales de Marbella en 1991. “El dinero es incontenible, le puede al político, le rebasa”. La debilidad económica de los ayuntamientos, denunciada por alcaldes de todos los signos políticos, inequívocamente democráticos, es el envés de la moneda. Es urgente un pacto local de ámbito nacional y regional. Pero no acaba de llegar. Y, mientras, está tan arraigada la idea de extrema necesidad de los ayuntamientos en el inconsciente colectivo, que toda maniobra para hacer dinero, aunque no se ajuste a la ley, es considerada legítima y tiene el beneplácito de la opinión pública y hasta de la oposición en muchos casos. En Estepona, algún reconocimiento de deuda, de obras ejecutadas sin contrato y sin concurso en el mandato de coalición entre socialistas y gilistas de 2003 a 2007, ha contado con la comprensión de la oposición.

Los operadores de la Costa tienen  acuñado el término corrupción institucional para definir las irregularidades blancas, aquéllas en las que no hay blanqueo, ni dinero para el bolsillo del munícipe, ni financiación de partidos. Sólo el bien común, o dicho con un eslogan simplista, “lo mejor para el pueblo”. Éste es el inicio de todos los problemas. Y eso es posible porque la mayor parte de las decisiones de planeamiento dependen de la discrecionalidad del responsable municipal, mientras que la disciplina urbanística, las licencias de obra son procesos reglados, que deben atenerse a unos determinados criterios.

–Se habían creído que el problema estaba sólo en Marbella, después se encontraron con lo de Manilva.

–Y ahora, Estepona también.

–Se veía venir.

–Pero hay más.

–Hay mucho más, hay un modelo de gestión que escapa al Estado de Derecho.

–Ahí los tienes. Malaya en Marbella, con alcaldes gilistas como Julián Muñoz y Marisol Yagüe implicados, y la socialista Isabel García Marcos; Hidalgo entre Marbella y Estepona; Astapa en Estepona, con el alcalde socialista Barrientos imputado; Ballena Blanca entre Marbella y Manilva, con el alcalde gilista Tirado procesado.

–Y, además, está el caso Troya en Alhaurín el Grande, con el alcalde popular Juan Martín Serón empapelado.

–Astapa se parece a Troya.

–Más bien, está entre Troya y Malaya.

–Pero aquí no hay un Roca.

–No. Hay varios.

Un prestigioso profesor de Derecho administrativo de la Universidad de Málaga lamenta este nuevo escándalo, porque va a terminar de echar de la política local a la gente de valía, que va a salir huyendo de todo lo público. Este mismo testigo privilegiado de lo que ocurre hace una advertencia: “Estamos en un Estado de Derecho, no en un Estado policial. Cuando la Policía o la Guardia Civil intervienen, ya el daño está hecho. Hay que establecer controles previos, con sutileza y cirugía. Si no, vamos a estar al nivel de los países del África subsahariana, ni siquiera como los del Magreb”.

–Los aprendices de Gil se han animado, porque han visto mucha impunidad.

–Gil ha hecho mucho daño a la autonomía local y la ha puesto en entredicho.

Isabel Conejo, la juez que instruye el caso Estepona, sostiene que Antonio Barrientos era el cabecilla de una red dedicada a obtener fondos de promotores y empresarios para financiar actividades tanto públicas como privadas y para enriquecerse personalmente. Entre las actividades privadas se incluía la financiación del propio Partido Socialista, no se especifica en qué grado. La existencia de unas cajas de seguridad en los bancos para guardar dinero B recaudado a las promotoras fue denunciada en 2004 en Estepona por el concejal del PP Ignacio Mena. Y negada entonces por el alcalde socialista Antonio Barrientos y por su lugarteniente gilista José Ignacio Crespo, ambos imputados. Aunque Mena y su informante se ratificaron ante la Fiscalía, la existencia de estas cajas también ha sido desmentida ahora ante la juez por Francisco Zamorano (PSOE), concejal de Hacienda también imputado. Crespo fue primer teniente de alcalde durante la Alcaldía de Jesús Gil Marín entre 1995 y 1999 e hizo el mismo papel con Barrientos entre 2003 y 2007. 

La entrada en vigor en 2003 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía obligó a los operadores en la Costa a innovar los procedimientos. La LOUA estableció que los ingresos por convenios urbanísticos debían dedicarse a patrimonio municipal de suelo y no podían utilizarse hasta que se aprobase la modificación pactada. Sin ánimo de señalar a ningún ayuntamiento en concreto, el modelo de gestión estableció dos métodos de recaudación. El primero, satisfacer necesidades municipales en seguridad, limpieza, ambulancias o bomberos.

–Me compras una UVI móvil y te firmo este convenio.

Desde que Jesús Gil Marín llegó a la Alcaldía de Estepona en 1995 hasta que terminó la coalición roja/colchonera de Barrientos y Crespo en 2007 se firmaron en la ciudad convenios para realizar 120 modificaciones de elementos en el plan general, por una cantidad de metros cuadrados incuantificable. Millones de metros. Alguna de esas modificaciones, como la de la zona Este, equivale a uno o dos nuevos PGOU. Barrientos llevó a pleno 20 convenios el día antes de la entrada en vigor de la LOUA, para poder disponer del dinero sin las nuevas restricciones legales. Esta medida levantó la irritación de la secretaria provincial, Marisa Bustinduy. Todo el mundo dice en Estepona que “Barrientos presumía de tener valedores en Sevilla”. Motivo por el cual, hay dirigentes del PP que hasta exoneran de responsabilidad a la jefa socialista de la provincia de Málaga. Aunque también puede ser que lo hagan para cobrarse una pieza mayor, en la dirección regional del PSOE o en el Gobierno andaluz. En todo caso, la presencia de una hija del presidente del Senado, la abogada Patricia Rojo, como gerente de Urbanismo era frecuentemente invocada por el alcalde para despejar las críticas del partido.

–Hubo un momento, en 2004 en que Marisa le dijo a Barrientos que se habían acabado los convenios.

–Pero cuando el alcalde se lo dijo a Crespo, el líder del PES le invitó a comer y le explicó que ya tenía una moción de censura preparada.

–Y Barrientos recondujo la situación.

Desarticulación institucional

La presencia de Rojo en el Ayuntamiento también alienta una conexión vasca. La caja de ahorros de Guipúzcoa, Kutxa, es actualmente la propietaria del 100% de la empresa Valle Romano, una de las más dinámicas en la localidad, y cuyo ex consejero delegado está imputado. Pero aquí han operado otras empresas nacionales como la cordobesa Prasa, cuyo presidente también está imputado. En la lista de implicados por la juez figuran los patrones de las empresas locales Agrojardín y Codelsa. 

El tren de vida de Estepona y los cuantiosos ingresos municipales vía urbanismo no han impedido que el Ayuntamiento tenga una deuda acumulada de unos 100 millones de euros. No es mucho, si se considera que un buen año el municipio podría ingresar esa cantidad por los convenios. Pero en pesetas suena muy fuerte: 16.638,6 millones. La deuda acumulada en Marbella durante los 16 años de reinado gilista multiplica esa cantidad por más de cinco. Estos déficits están ligados a plantillas claramente sobredimensionadas, de más de 3.000 personas en Marbella y de 1.300 a 1.600 en el caso de Estepona. La cifra precisa es difícil de saber. Hay concejales esteponeros que dicen que son 1.600, pero fuentes sindicales concretan que son 800 en las empresas municipales y 500 funcionarios. En ninguna de las dos localidades hay una relación de los puestos de trabajo, una plantilla orgánica articulada con sus jefaturas de servicio y negociado, como ocurre en la Administración general del Estado. El modelo reinante ha acabado con ese esquema. Roca adelgazó la administración oficial en Marbella y creó una paralela.  

Éste esquema forma parte del modelo: los ayuntamientos son las principales empresas locales y si dan mucho empleo se convierten en un bien social por sí mismos, con independencia del resultado de su gestión. Gil demostró que esto genera un clientelismo muy rentable. Sus imitadores siguen su senda: los empleados municipales pueden convertirse en afiliados del partido del alcalde y éste controla el territorio. Desde 1995 el Ayuntamiento de Estepona ha multiplicado casi por cinco su plantilla, pero en los sistemas de contratación casi siempre ha estado ausente un procedimiento de verificación de mérito y capacidad. Esta es una de las vertientes de la investigación policial y judicial. La juez del caso en auto por el que envió a prisión incondicional al alcalde Barrientos decía que se ha contratado a numerosas personas “por razones de afinidad política, sin seguir los cauces legalmente establecidos”.

La mafia es uno de las leyendas de la Costa del Sol. Sin embargo, los investigadores, políticos, abogados, concejales y operadores consultados para este reportaje opinan que en esta operación de Estepona no se ha detectado blanqueo de dinero susceptible de ser identificado como procedente del crimen organizado.

–Aquí mafia, poca. Aunque hubo un famoso juicio en la Audiencia Nacional contra un turco afincado en Estepona, acusado de ser lugarteniente del más importante narcotraficante de heroína de Europa, que puso en evidencia cómo trabajan algunos bancos. Usted va al banco, da las órdenes verbales, ingresa, transfiere y se lleva el dinero que quiera. Y después la sucursal manda los papeles para su firma a un fiduciario gibraltareño, que administra unas sociedades pantalla.

–Y la Hacienda española no tiene la menor noticia de quién es el dueño. 

–Pero vamos, este peculiar ‘modelo’ de financiación municipal en la Costa es doméstico.

–Hay una gran confusión de lo público con lo privado.

–Hay funcionarios que pueden informar una licencia de un señor para el que trabajan.

–Los empleados municipales no declaran su segunda actividad.

Se ha perdido el sentido del servicio público. “No se trata de mangantes, ni chorizos, salvo excepciones flagrantes. Sino de gente con otra ética, en la que existe el bien general, pero no está por encima de los intereses particulares”. Es la opinión de un operador en la Costa. A esto se añade la feroz competencia entre los partidos tradicionales y el afán por captar a los independientes, sean del origen que sean. Hay que sacar más concejales, traer artistas más famosos en la campaña, pegar más carteles… Y las direcciones de los partidos les dicen a los del pueblo: “Buscaros la vida”. Y se la buscan.

Falta de control social

Otra de las características de lo que el fiscal llama el patrón de Marbella es la relajación social que hay en la Costa en torno a la gestión municipal. Hay una pérdida casi absoluta de control social. Los ecologistas y las asociaciones de vecinos, muy organizadas en Marbella, no consiguieron parar a Gil. En Estepona hay grupos tan voluntariosos como minoritarios, con escasa base social.

La segunda cosa que ha propiciado la LOUA en la Costa es la financiación bajo cuerda, el dinero B, del que no hay constancia escrita alguna. El modelo ha adaptado varios métodos para capar dinero negro. Uno es vender los excesos de aprovechamiento a un precio inferior a la mitad de lo que valdría en el mercado, que luego es compensado con lo que la juez del caso Estepona llama “contrapartidas”. Otro camino es cobrar por dar la licencia de primera ocupación, aunque el trámite administrativo no exige ningún documento nuevo.

–Una tarifa de primera ocupación puede estar en 500.000 pesetas.

–Y en algunos sitios pueden llegar a los tres millones.

De hecho, tampoco hay un control transparente de las donaciones en especie, que no se atribuyen a un convenio determinado y de las que el pleno no siempre tiene noticia. Un concejal de la oposición en Estepona, recuerda algún caso en que se ha agradecido al donante su generosidad para con el pueblo, sin más.

La profesionalización de la política es otro de los elementos que ha envenenado el modelo. Una buena parte de la clase dirigente, que vive bien de la política en la Costa, no tiene medios de vida alternativos y ya no compite por sus ideas, sino por tener más medios, por no abandonar el poder. Buena parte de la estructura del modelo patentado por Jesús Gil se basa en la inoperatividad de la jurisdicción contencioso administrativa. El profesor consultado considera escandalosa la falta de implicación de la judicatura y su ineficacia. El retraso de los casos puede ser de cinco, seis o siete años, pero no se toman medidas cautelares. Este mismo experto propone medidas drásticas, como retirar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos y definir de manera precisa las competencias municipales en una nueva Ley de Régimen Local.

En el auto de prisión contra Barrientos le imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales. Ahora parece un sarcasmo, pero el alcalde le puso en 2003 una querella al concejal del PP Ignacio Mena, por decir que “había convertido el Ayuntamiento en un chiringuito financiero”.

–Le ganó la querella en 2005, en Estepona y en la Audiencia Provincial.

–Eso sí, el honor del alcalde y del Ayuntamiento fue tasado por el juez en 30 euros.

–Ahora Mena va a pedir una revisión de la sentencia.

Hay muchos hilos en la madeja de Astapa de los que tira aun la instructora del caso. Los investigadores siguen preguntando, examinando papeles, encontrando datos sorprendentes.

–Una empresa implicada en el caso Malaya cerró un acuerdo en Estepona en febrero de 2007 con una modificación del plan que suponía hacer 150 viviendas más. Y no aparece el convenio por ningún lado.

Los imitadores de Gil han seguido sus pasos por caminos peligrosos. Han transitado por la misma senda. Y a alguno de ellos esa senda le ha llevado a la prisión de Alhaurín de la Torre. En Estepona, también.

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