Las emergencias de salud pública son una cosa seria. O deberían serlo. Se acaba de conocer que el Presidente Donald Trump ha declarado que la crisis de los opiáceos e una emergencia de salud pública en Estados Unidos.

Los últimos datos que se han dado a conocer nos trasladan que ha habido al menos 64.000 muertes por sobredosis de opiáceos en 2016 y una media de 175 muertes al día; cifras muy relevantes que explicarían la necesidad de adoptar medidas de emergencia de salud pública.

Al parecer, la respuesta de la administración Trump tiene prevista una actuación en varios frentes; así, se incorporan masivas campañas publicitarias para tratar de concienciar a la población sobre este asunto, como una de las acciones mas relevantes.

Junto a ello, se anuncia un intenso escrutinio judicial contra los médicos y distribuidoras farmacéuticas que nutren el mercado negro o fondos de otras partidas que los estados incrementen el acceso al tratamiento. Se dice que este es uno de los principales problemas actuales, ya que solo el 10% de los adictos ingresa en clínicas de desintoxicación.

De igual forma, se plantea que se permitirá a los pacientes recurrir a la telemedicina para obtener recetas de metadona o buprenorfina. También se incentivará la contratación laboral de extoxicómanos.

Una de las críticas más relevantes a las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump se refiere a que las medidas anunciadas no incluyen la liberación de fondos adicionales para hacer frente a la epidemia, aunque el Congreso baraja varios proyectos de ley en esa dirección.

Si a esto se añade que la Administración Trump decidió recortar la financiación federal al Medicaid para cubrir los tratamientos contra la adicción, es más que probable que las medidas que se enmarcan en esta emergencia, sean insuficientes.

Por este motivo me gustaría llamar la atención sobre la importancia que tiene asegurarse de que cuando se anuncia una emergencia nacional, la ciudadanía y los profesionales sanitarios tengan las garantías de que se incorporan todas las medidas necesarias.

Ello sólo es posible cuando en el diseño de las medidas y en el proceso de aprobación de las mismas, hayan podido participar todos los agentes sociales y políticos implicados.

De no ser así, las emergencias de salud pública corren el riesgo de desacreditarse ante la comunidad científica y la ciudadanía. Esperemos que este no sea el caso porque un asunto tan relevante como el de los efectos sanitarios de los opiáceos merece el acierto de las autoridades estadounidenses para aprovechar sus aciertos en otros países con problemas similares.