Desde hace tiempo se viene observando la existencia de insuficiente disponibilidad para nuestra sanidad en determinadas especialidades médicas.

Es algo paradójico sobre todo cuando en los últimos años hemos asistido a una importante salida de profesionales hacia otros países de destino, ante la insuficiente dotación de plazas en la sanidad pública a causa de las restricciones y los recortes impuestos por el ministro Montoro.

Además de paradójico, es inaceptable que el Ministerio de Sanidad no haya sido capaz de establecer un procedimiento de planificación de necesidades de recursos humanos que permita que el Sistema Nacional de Salud demande a la Universidad el número de profesionales que se necesita año a año con una anticipación suficiente.

Pero esta es la situación y es por eso que en el Consejo Interterritorial del SNS que se celebró el pasado miércoles en Madrid, se analizó este asunto para buscar soluciones realistas y válidas.

Se ha hablado de la necesidad de definir incentivos para motivar a los graduados a ocupar las plazas menos atractivas del MIR. Esta puede ser una solución para el corto plazo pero junto a ello hay que resolver los procedimientos pendientes para homologar profesionales de otros países que permitan disponer de ellos cuando el sistema sanitario los necesite y, de igual forma, los procedimientos de acreditación de unidades docentes debe ser muy ágiles para dotar al sistema de la capacidad adecuada.

Algunas especialidades médicas están especialmente afectadas por esta carencia global de efectivos y es por eso que además de incentivar a los médicos que acaban su formación antes del MIR a que puedan elegir esas especialidades, hay que incrementar la capacidad del sistema para ofrecer más plazas y en corto plazo poder resolver las carencias.

Ahora bien, el asunto de fondo es resolver la carencia de planificación global que impide anticipar las necesidades y resolverlas adecuadamente.

Para eso, resulta imprescindible asegurar que una de las funciones básicas e inexcusables del Ministerio de Sanidad sea la planificación de necesidades de recursos humanos que debe hacerse, como mínimo, en coordinación con las Comunidades Autónomas, las Universidades, los sindicatos, los colegios profesionales y las sociedades científicas.

Hacerlo así permitiría un debate público que debería contar con todos los argumentos necesarios para estar seguros de que se cumple adecuadamente la importante función social que tiene el Ministerio de Sanidad para el bienestar y la salud de la población.

Por otra parte, conviene tener en cuenta que las necesidades de médicos van a depender de la evolución de la demografía y de las innovaciones médicas y tecnológicas. Esas variables hacen más necesario que nunca hacer previsiones que sean flexibles y capaces de adaptarse a esa evolución.

No seremos un sistema sostenible si la planificación de necesidades de médicos y otras profesiones no se hace de manera habitual y explícita. Por eso es un asunto de gran trascendencia. Y el Gobierno se lo debe tomar en serio.