Más del 93% de los andaluces apoya el derecho a vivir dignamente en el proceso de la muerte. Y eso, precisamente, es lo que regula y establece la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Personas en el Proceso de la Muerte, la conocida como ley de muerte digna. Una normativa que la Consejería de Salud espera que esté aprobada antes de final de año y que se gestó tras el caso de Inmaculada Echevarría, la mujer que pidió en Granada que le fuera retirado el respirador que la mantenía con vida, deseo que le fue concedido y que le produjo el fallecimiento.

"Nuestra previsión es que esté para diciembre o como mucho febrero ya que enero es un mes sin efecto parlamentario", aseguró la consejera del ramo, María Jesús Montero, antes de su intervención en el Foro Muerte Digna: el debate que no cesa, organizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública y que reunió a expertos internacionales en la materia.

Tras un debate por parte del Comité Autonómico de Ética e Investigación en junio de 2008 se elaboró un borrador de la Ley que fue valorado por el Consejo Andaluz de Salud y adaptado por los servicios jurídicos de la Junta hasta que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 9 de junio de 2009. El pasado 7 de octubre tuvo lugar el debate a la totalidad en el Parlamento y el texto ha sido remitido a la Comisión de Salud para seguir su tramitación parlamentaria, lo que supone ahora que los diferentes grupos y agentes sociales se pronuncien sobre la norma.

"Lo más importante es lo que se ha aprendido en todo este camino y lo que se conoce de lo que piensan los ciudadanos y lo que se plantean en el momento de la muerte", indicó Montero.

Según el Barómetro Sanitario de Andalucía de 2007, sólo uno de cada cien andaluces está en contra de la norma. Otros datos significativos son que el 78% de los andaluces aseguran que prefieren no prolongar su vida en una situación irreversible sin disfrutar de la mínima calidad de vida.

La ley, entre otras cuestiones, regula los cuidados paliativos en los domicilios y garantiza el tratamiento de calidad a las personas en el proceso de la muerte, a la vez que evita cuestiones como el encarnizamiento terapéutico y garantiza el derecho al rechazo de tratamientos.

En el foro, Montero incidió en el "consenso" con el que cuenta la norma, que responde a una demanda social. Además, también señaló que será, con toda probabilidad, "un debate que continuará en el tiempo por las distintas opiniones de la población".

La consejera añadió que "hablar de muerte es hablar de algo que preocupa a los ciudadanos" y destacó el ejercicio de "responsabilidad" que se ha hecho para elaborar el texto de la ley, en el que han participado expertos y más de 60 colectivos que han expresado su opinión sobre el tema entre profesionales, sindicatos, sociedades científicas, asociaciones de pacientes y representantes de distintas creencias morales y religiosas.

La ley será de obligado cumplimiento para las instituciones sanitarias públicas y privadas y convertirá a Andalucía en la primera comunidad en garantizar la protección de la dignidad de la persona en los últimos momentos de su vida.