Los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y la impunidad en que se mantuvieron durante décadas, han arrastrado a la Iglesia católica chilena a la peor crisis de su historia. Después de tres días de reuniones con el papa Francisco, que los convocó para abordar la situación, 34 obispos chilenos anunciaron que han puesto sus cargos a disposición del pontífice, quien les entregó un documento reservado, filtrado por la prensa, con duras palabras sobre los vergonzosos comportamientos de los prelados en el llamado "caso Barros".

Barros, nombrado en 2015 obispo de Osorno por Francisco, fue acusado de encubridor por las víctimas de Fernando Karadima, un influyente párroco condenado por la justicia canónica, pero nadie les escuchó durante varios años, incluido el mismo Papa, que en su visita a Chile el pasado enero calificó de "calumnias" las acusaciones.

No obstante, Francisco envió después a Chile al arzobispo Charles Scicluna para hablar con las víctimas y tras conocer su informe, citó a los obispos a Roma. Previamente invitó a tres víctimas emblemáticas de Karadima al Vaticano.

El pontífice conversó largamente con Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, los alojó en su casa y les pidió perdón. Cruz dijo ayer a medios locales sentirse reconfortado por haber apreciado en el documento de Francisco a los obispos parte importante del contenido de esas conversaciones. En él, el papa dice que le causó "perplejidad y vergüenza" constatar que se ejercieron "presiones ejercidas" sobre los encargados de llevar la instrucción de los procesos penales contra los abusadores. También señaló que la investigación del arzobispo Scicluna comprobó que en los casos de muchos abusadores "se detectaron ya graves problemas en ellos en su etapa de formación en el seminario o noviciado".