El Congreso aprueba la mayor ordenación del juego desde su despenalización

  • La ley regula las apuestas a través de internet y del móvil pero no afecta a Loterías y Apuestas del Estado ni a la ONCE

El Congreso aprobó ayer la nueva ley reguladora del juego, que supone la mayor reordenación de este sector desde que fue despenalizado en el año 1977. La Comisión de Economía y Hacienda de la Cámara Baja ratificó, con competencia legislativa plena (el texto pasa directamente al Senado) este texto, que regula por primera vez, además de las modalidades de juego tradicionales como el bingo o el casino, los nuevos tipos de apuestas que se pueden realizar a través de internet o del móvil, que carecen de un marco regulador y se encuentran en situación de "alegalidad".

El Congreso incorporó un centenar de enmiendas, muchas de ellas pactadas por todos los grupos; entre éstas destaca el establecimiento de un periodo transitorio para que las empresas puedan regular su situación y sus actividades de patrocinio en los medios. Cuando entre en vigor la nueva norma, previsiblemente en verano, los clubes de fútbol de España podrán cobrar dinero por las apuestas deportivas.

Además, entre los cambios que se han introducido figura la obligación de las empresas que utilicen internet para ofrecer sus juegos de apuestas de utilizar el dominio ".es", para reforzar así la supervisión y el control de las autoridades españolas.

La ley establecerá nuevos mecanismos de regulación y de ordenación del sector para reforzar la seguridad jurídica de los operadores y de los consumidores de los diferentes juegos, además de para proteger a los menores de edad, a las personas que están incapacitadas legalmente para jugar, y a las que han pedido voluntariamente que no se les deje acceder al juego para prevenir situaciones de ludopatía.

La ley contó en su conjunto con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, aunque el PP se abstuvo en la votación final del dictamen.

Todos los portavoces coincidieron ayer en la necesidad de regular este sector para dar seguridad jurídica a las empresas que han proliferado durante los últimos años y que ofrecen sus servicios por internet, y sobre todo para proteger a los consumidores que hacen uso de ese tipo juegos.

La socialista Monserrat Colldeforns subrayó la importancia de que la implantación de la ley se haga de forma progresiva para dar seguridad a las empresas que ya operan en España e invierten en actividades de patrocinio o publicidad.

Colldeforns justificó la oposición del PSOE a imponer un impuesto más bajo (como pedía CiU) que el previsto en la ley, y recordó que ese nuevo impuesto (que será diferente para juego) estaba ya pactado con las comunidades autónomas.

Desde las filas del PP, el diputado Antonio Gallego coincidió en la necesidad regular este sector y advirtió de que existen ya numerosas empresas que operan en España y que sin embargo no tributan en el país, pero lamentó la urgencia con que a su juicio se ha tramitado el proyecto legislativo.

Gallego reiteró la oposición del PP a la privatización parcial (un 30%) de Loterías y Apuestas del Estado, por considerar que se trata de "malvender la gallina de los huevos de oro".

Entre las enmiendas que no han prosperado en el Congreso figura la que habían defendido varios grupos de la oposición para que un porcentaje de las apuestas deportivas e hípicas retornaran al deporte, pero sí se incorporó una enmienda -pactada por varios grupos- para que el Gobierno apruebe un Real Decreto en el que se determinarán esos porcentajes.

El nuevo marco regulador no afectará a Loterías y Apuestas del estado ni a la ONCE, que seguirán explotando en exclusiva las loterías de ámbito estatal. Entre las novedades que incorpora la ley destaca la creación del Consejo de Políticas del Juego, un órgano en el que estarán representadas las comunidades autónomas.

Además, la Comisión Nacional del Juego será el organismo que autorice, supervise y controle esta actividad, además de ser el responsable final de imponer las sanciones, que pueden llegar a ser de hasta 50 millones para las "muy graves", entre las que figura la de ofrecer juegos sin tener licencia.

La Ley establecerá además un nuevo impuesto, que se distribuirá íntegramente entre las comunidades autónomas, excepto el gravamen sobre las apuestas mutuas deportivas o hípicas estatales, que corresponderá al Estado.

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