España tendrá que encarecer el precio del litro de diésel ocho céntimos de aquí a 2018 si entra en vigor el nuevo sistema fiscal para combustibles de automoción y calefacción propuesto ayer por la Comisión Europea, que tiene en cuenta las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) y el consumo energético.

Bruselas quiere con esta medida contribuir a la lucha contra el cambio climático y penalizar a los combustibles más contaminantes, algo que no hace la legislación actual, que favorece a los combustibles fósiles frente a las renovables, en especial al carbón.

"Es absurdo", resumió en rueda de prensa el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, al referirse a la situación actual en la que se tasa el trabajo y, no en l a misma medida, la energía contaminante. "Es necesaria una reforma de la tasación de la energía en Europa", añadió.

La CE pretende introducir una tasa de 20 euros por tonelada de CO₂ y otra vinculada al consumo energético: 9,60 euros por gigajulio (GJ) para carburantes de motor y 15 céntimos de euro por GJ para combustibles de calefacción.

Esa modificación elevará el umbral mínimo de tasación exigido en la UE para el diésel de los 330 euros por cada mil litros en la actualidad hasta los 412 euros en 2018, mientras que para la gasolina permanecerá alrededor de los 359 actuales.

España tiene a día de hoy su mínimo para el diesel fijado en los 331 euros por cada mil litros, por lo que deberá materializar un incremento de ocho céntimos por litro en los próximos siete años para situarse en el umbral europeo (412 euros). El umbral español para la gasolina (424 euros por cada mil litros) es sin embargo superior a los 359 euros europeos.

La tasa del diésel subirá más que la de la gasolina porque, aunque los motores diésel necesitan menos carburante para funcionar, en términos generales este combustible tiene un mayor contenido energético y emite más CO₂.

La propuesta, que debe ser aprobada por unanimidad de los Veintisiete, tiene pocas posibilidades de salir adelante, al menos en su formato actual, después de la oposición frontal a la misma que ya han adelantado países como Alemania.

"Cualquier propuesta de fiscalidad no es fácil de aprobar en el Consejo", admitió a la prensa el comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, quien aseguró que trabajará para convencer al Gobierno de la canciller alemana Angela Merkel.

La propuesta ha provocado, sin embargo, cierta alarma en la industria, que asegura que se traducirá en una subida de precios.

Bruselas, en cambio, insiste en que en la práctica el impacto no será drástico porque la mayoría de los países de la UE ya superan los umbrales mínimos para 2018. Los estados miembros que más acusarían el cambio son los del este de Europa.

La CE incide en que, a pesar de que la medida está previsto que entre en vigor en 2013, se concederá un amplio periodo de transición hasta 2018 para respetar los umbrales de tasación mínimos y hasta 2023 para alinear los impuestos de los distintos combustibles.

Esto significa que en 2018 los países podrán acogerse a la tasa mínima europea para ciertos combustibles y a la vez imponer impuestos más elevados para otros carburantes, mientras que en 2023 tendrán que elegir una tasa equitativa para todos.

No se aplicaría el nuevo sistema a la aviación (que entrará en el ETS en 2012), al transporte marítimo ni a la agricultura. Los estados miembros tienen además la posibilidad de excluir a los combustibles para calefacción de los hogares de la aplicación de esta medida.