El Senado italiano aprobó ayer algunos artículos de la ley sobre seguridad en los que se prevé que los médicos puedan denunciar a los inmigrantes indocumentados, que se establezca un registro de vagabundos y se fije entre 80 y 200 euros el impuesto para obtener el permiso de residencia.

El controvertido proyecto de ley presentado por el Gobierno de Silvio Berlusconi, en el que se introduce también la tipificación de la inmigración ilegal como delito, tendrá que ser aprobado en su totalidad en el Senado y después volver a la Cámara de los Diputados para su ratificación final. Una de las medidas aprobadas y que más polémica ha causado es la que permite a los médicos indicar a las autoridades los inmigrantes ilegales que se atienden en los centros sanitarios.

La nueva norma, propuesta por el partido Liga Norte -que pertenece a la coalición gubernamental-, cancela una anterior en la que se prohibía a los médicos delatar a los indocumentados asistidos.

La organización Médicos sin Fronteras (MSF) protagonizó durante los pasados días una campaña de protesta bajo el lema Somos médicos y no espías para denunciar la posibilidad de que se aprobase esta enmienda. "Estamos desconcertados ante la decisión del Senado de haber ignorado el grito de alarma de los médicos, enfermeras, obstétricas y cientos de asociaciones", dijo ayer el director general de MSF Italia, Kostas Moschochoritis, quien añadió que esta norma "viola el derecho del secreto profesional". MSF denunció que con la aprobación de esta ley "se corre el peligro de crear un clima de miedo y desconfianza, reduciendo así el acceso de los inmigrantes ilegales a los hospitales, a pesar de que lo garantiza la Constitución".