Una treintena de cirujanos han cobrado, presuntamente, comisiones de hasta el 30% del precio de las prótesis vertebrales, de cadera y rodilla de la marca Traiber, investigada por el juzgado número 3 de Reus (Tarragona) por suministrar implantes en mal estado y sin los permisos en regla. La documentación intervenida por la Guardia Civil en varios registros a la empresa de Reus, a los que ha tenido acceso El País, muestra la costumbre de cirujanos ortopédicos de pedir y aceptar comisiones, a las que llaman royalties.

Esta práctica la ejercían médicos tanto de la sanidad pública como privada y el juez los llamará a declarar en los próximos días, han confirmado fuentes judiciales. Las fichas comerciales intervenidas recogen múltiples detalles, entre los que destaca la frase de un jefe de servicio de un gran hospital público catalán en una reunión celebrada en 2012: "Como con vosotros no hay suficiente 'entendimiento y colaboración', compramos a otra empresa". También añade que "una sola persona decidirá las compras de varios hospitales, teniendo en cuenta la mejor oferta de precio y también en regalos".

Según El País, a los pacientes procedentes de mutuas les cobraban 400 euros (14% sobre el valor medio facturado). Si el paciente iba por lo privado, se aplicaba entre un 22% para operaciones hasta 4.999 euros y un 25% para las superiores a 5.600 euros. También se ofrecía a los cirujanos facturar los royalties como trabajos de asesoría para declararlos a Hacienda, según un extrabajador de la compañía, aunque en los registros no se halló ninguno de estos trabajos.

En la documentación intervenida por la Guardia Civil constan pagos de 1.500 euros para cada médico, bien mediante "asesorías" o con regalos consistentes en viajes. Las fichas revelan asimismo una competencia feroz entre los fabricantes de prótesis para vender sus productos, con apuntes como: "Hacer superoferta de colaboración: pone unas 80 prótesis al año". Algunos médicos incluso exigían el pago por prótesis ya colocadas, según correos electrónicos de Traiber con el jefe de una clínica privada.

En el 2008, se celebró una reunión en Traiber para analizar el descenso de ventas, que se atribuyó a problemas de calidad de prótesis de espalda y también a la competencia, con médicos que usan "marcas a las que se les perdona todo". En ese mismo año, consta una factura del pago de un viaje a dos médicos con sus parejas y la anotación "Derechos a los doctores para taparles la boca por el fallo del cotilo" (pieza de la prótesis que daba problemas). El juzgado número 3 de Reus imputó el pasado mes de abril al dueño de Traiber, Lluís Márquez, por delitos contra la administración pública, societarios, de falsedad documental y blanqueo de capitales. También imputa los mismos delitos a la ex primera teniente de alcalde y ahora diputada por CDC en el Congreso, Teresa Gomis, ante las sospechas de que presionó al Hospital de Sant Joan de Reus para que comprara las prótesis de Traiber.