La Delegación del Gobierno en Cataluña ha requerido este viernes al Ayuntamiento de Rasquera toda la información de que disponga sobre el proyecto de plantar cannabis en unos terrenos privados con la mediación del Consistorio con el fin de impugnarla. Según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado, en una conversación telefónica con el alcalde de Rasquera, Bernat Pellisa, la delegada del Gobierno, María de los Llanos de Luna, ha pedido la documentación, los expedientes y los informes de la iniciativa, con el objetivo de que sean examinados por la Abogacía del Estado.

Según la Delegación del Gobierno, el alcalde de Rasquera ha manifestado su voluntad de colaborar. Paralelamente, Pellisa ha señalado que también el subdelegado del Gobierno en Tarragona, Jordi Sierra, le ha requerido telefónicamente que le enviara "toda la información sobre el acuerdo del pleno municipal de Rasquera del pasado miércoles", 29 de febrero. "Actuaremos con toda la lealtad y diligencia y ayudando en todo lo posible. Le enviaremos toda la información que necesite, con transparencia y para que no haya ninguna duda", ha indicado Pellisa.

El alcalde de Rasquera ha añadido además que "es positivo" que la Fiscalía de Tarragona haya abierto diligencias informativas en relación con el acuerdo del pleno. "Es positivo que actúe y que hagan su trabajo, porque estoy seguro de que lo harán bien", ha dicho Pellisa, que ha apuntado que "quien no tiene que actuar es el conseller de Interior, Felip Puig".

El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, ha denunciado "la perversión del lenguaje" que está empleando el Consistorio de este pueblo de novecientos habitantes, para defender una actuación que "cumple desde todas las perspectivas la condición de un delito". En su opinión, no se puede recurrir al argumento de que en España existe un "resquicio legal" para justificar esta postura, porque en este país esté despenalizado el "autoconsumo" y el cultivo privado de cannabis, cuando se está hablando de una entidad que tiene 5.000 socios, una plantación de siete hectáreas y un beneficio de más de un millón de euros en dos años.

El delegado ha advertido de que desde el Ejecutivo "se van a movilizar todos los recursos posibles para impugnar un acuerdo" que espera no llegue a tener efecto, con el objetivo de "defender la salud pública". En esta línea, ha confesado que no se cree algunas otras justificaciones para este proyecto como el supuesto interés que ha mostrado en él la comunidad científica o su uso para paliar los síntomas de diversas patologías como el cáncer, la fibromialgia y la esclerosis múltiple. "No hay un vacío legal, lo que se está es pervirtiendo ese espacio desde una interpretación que no existe, porque no puede hablarse de un uso privado en algo que va dirigido a miles de personas, con intento de distribución y contratos millonarios", ha aseverado.

Babín ha recordado además que la sociedad española, como demuestran las encuestas que lleva a cabo el Plan Nacional de Drogas, no está de acuerdo con la liberación del tráfico y distribución de drogas.