El fiscal de Madrid niega que haya malos tratos en los centros de menores

  • Moix contradice al Defensor del Pueblo y asegura que ha visitado los internados y que nunca ha visto chicos atados o sobremedicados.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Manuel Moix, aseguró que no comparte "en absoluto" las apreciaciones que ha efectuado el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, sobre los centros de menores con trastornos de conducta ubicados en la región e indicó que en ellos el trato que reciben los internos es "correcto". Así, señaló que él mismo y sus ayudantes han visitado los centros de menores de la Comunidad de Madrid en los que ha podido comprobar que no hay niños atados no sobremedicados, como señalaba Múgica.

Moix asegura que la Fiscalía que dirige no ha recibido ninguna queja ni denuncia en los últimos años de parte de educadores o internos de los centros que están siendo investigados por el Defensor del Pueblo, por lo que no se muestra de acuerdo con el informe que éste proporcionó hace unas semanas denunciando que los menores recibían malos trato. El fiscal jefe señaló que él mismo y sus ayudantes realizan visitas periódicas a estas instalaciones, según dijo, la última hace unos días, comprobando que está en "buenas condiciones y el trato es adecuado".

"Al recibir el informe del Defensor del Pueblo, ordené a los fiscales de menores que realizaran visitas sorpresa y el mismo jueves visité personalmente el centro Picón -que recibió denuncias públicas de un ex interno y un ex profesor- algo que ya hicimos el pasado mes de diciembre", explicó, añadiendo que en estas visitas "nunca" han observado malos trato, ni menores atados, ni a los que se ha dado medicación por doquier, "como se ha denunciado", sentenció. De este modo, señaló que mantuvo entrevistas con educadores, enfermeros y con los propios menores y precisó que las únicas quejas que les trasladaron fue que no les daban suficiente tiempo para fumar --en el interior del centro está prohibido-- o protestas como "el champú que me dan me saca el pelo, sólo hay un día a la semana de ocio o la comida a veces está fría".

Respecto al trato educativo y médico que reciben, el fiscal jefe indicó que, en ningún caso es "degradante" y recordó que los menores allí internados "no son normales" ya que padecen trastornos de conducta. "Los padres pueden controlar a un niño de 8 años que se pega cabezazos contra la pared, pero quizá si tiene a 16 o 17 años no pueden con él", agregó.

Moix, también negó que a los menores se les medique sin prescripción médica y explicó que todos reciben un trato y seguimiento específico e individualizado y sólo hay 16 a los que se suministra medicamentos con prescripción de los psiquiatras del centro. "Incluso algunos hospitales nos derivan al centro a los chavales porque creen que aquí pueden seguir un tratamiento personalizado", indicó.

Precisamente Moix hizo estas declaraciones tras la presentación de un nuevo marco de colaboración con la Comunidad de Madrid para reforzar la coordinación en la atención de menores protegidos en los centros regionales para trastornos de conducta, por lo que será de obligado cumplimiento la comunicación a la Fiscalía de las decisiones sobre estos jóvenes.

A principios de este mes, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, destapó en un informe monográfico sobre los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, en el que se incluye los de la Comunidad de Madrid, que "muchos" de ellos vulneran sus derechos, maniatándoles, prohibiéndoles la asistencia al centro escolar o la salida al patio durante una semana, bajo la denominación de 'medidas educativas creativas' o 'medidas correctoras'.

El texto, que será remitido a la Comisión Mixta Congreso Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo, revela, además, que la gran mayoría de estas instituciones de menores llevan a cabo contenciones físicas, contenciones mecánicas y medidas de aislamiento, así como que en el 75 por ciento de las mismas suministra tratamiento farmacológico a los menores en casos de grave alteración.

A pesar de que dichas contenciones deben hacerse, según el Defensor del Pueblo, "de forma limitada", en muchos centros se realizan varias veces al día y en ocasiones con una agresividad "desproporcionada" que puede producir lesiones físicas. El trabajo también que las ausencias voluntarias de los internados son muy frecuentes, llegándose en muchos casos a cifras muy elevadas de ausencias definitivas.

Asimismo, la Institución alerta de que más de la mitad de los centros utilizan medidas de aislamiento, que si bien deben aplicarse de forma terapéutica, en ocasiones se llevan a cabo como medida sancionadora e intimidatoria. Esta práctica, según la investigación, se produce en salas de reducido tamaño, bajo el nombre de 'salas de agitación' o de 'reflexión' con paredes recubiertas de goma negra y que carecen de ventanas, lo que provoca una atmósfera asfixiante y un gran rechazo en los menores.

A pesar de ser escasos los reglamentos de régimen interno, Múgica indica que los centros realizan registros en las habitaciones de los niños, a los que se les exige incluso desnudos integrales sin justificación ni comunicación al juez de primera instancia, al que se le deben trasladar cuantas circunstancias fuesen precisas, en orden de realizar una medida de tal naturaleza, según lo reiterado por el Tribunal Constitucional. Sobre el régimen de relaciones con la familia, el estudio revela que la frecuencia de las visitas de sus progenitores o demás familiares, así como las salidas del centro, suelen ser motivo de insatisfacción entre los menores, que continuamente demandan un incremento de las mismas.

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