El crecimiento económico y del empleo en los últimos 15 años no ha reducido la pobreza ni las desigualdades, ya que uno de cada cinco hogares españoles continúa viviendo bajo el umbral de la pobreza, que afecta de forma severa a medio millón de familias con problemas, además de exclusión.

Según el VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2008 de la Fundación Foessa y Cáritas, casi la mitad de la población española sufrió en algún momento durante los últimos siete años algún periodo de pobreza, lo que sitúa a este sector como el colectivo más vulnerable ante la crisis económica.

España es, junto al Reino Unido, el país donde han aumentado más las tasas de pobreza permanente y de pobreza crónica (que es del 13,8%) y respecto a la pobreza transitoria, afectó al 42 por ciento de la población, en la que se incluyen personas que experimentaron dos o más episodios de pobreza durante siete años consecutivos.

El informe también detecta que uno de cada cinco hogares que no tienen problemas económicos, sí se enfrentan a situaciones de exclusión social y de garantía de derechos fundamentales. Así, destaca que sólo el 47 por ciento de la población no está afectada por alguno de los índices de exclusión social que analiza.

En cuanto al grado de concentración de la riqueza, el informe destaca que casi el 80 por ciento de las propiedades inmobiliarias distintas a la vivienda habitual, el 88 por ciento de los negocios por cuenta ajena y más de un 92 por ciento de las acciones están en manos del 20 por ciento de los hogares más ricos.

La incidencia de la pobreza entre los trabajadores asalariados es la mayor de las últimas décadas. De hecho, hay una proporción no desdeñable de empleados en situaciones de pobreza -por encima del 10 por ciento de los ocupados-, debido a la insuficiencia de los ingresos para hacer frente a las cargas familiares, lo que pone en cuestión la arraigada imagen de empleo como garantía automática de bienestar social.

Respecto a la vivienda, los hogares pobres destinan un 84 por ciento de sus ingresos mensuales a la compra de vivienda y, si se trata de alquiler, este esfuerzo supone la mitad de sus ingresos. De estos hogares, sólo uno de cada diez tiene conexión a internet y ordenador, en el 60 por ciento hay teléfono móvil y en el 41 por ciento fijo.

Por otro lado, el informe denuncia que los recursos empleados en la reducción de la pobreza por parte de las administraciones "resultan impropios" para el nivel de desarrollo del país. Así, las cifras del gasto social han tendido a la baja, con porcentajes sobre el PIB en la actualidad -cercanos al 20 por ciento- inferiores a los niveles máximos de del primer tercio de los años 90 (24,4%).

El incremento de las prestaciones sociales ha sido "considerablemente menor" que el de etapas anteriores, y la intensidad protectora es hoy inferior a la de hace dos décadas.

En este sentido, uno de los autores del estudio, el profesor de la Universidad Pública de Navarra Miguel Laparra ha planteado la necesidad de cambiar, en momentos de crisis, los modelos sociales y económicos, además de "repensar el sistema de protección social para avanzar hacia una sociedad más integral".

Por su parte, Luis Ayala, de la Universidad Rey Juan Carlos, ha asegurado que los problemas económicos afectarán a los "pobres recurrentes, que son los que entran y salen de esta situación" y que se corresponden con colectivos integrados por familias con varios hijos.

El secretario general de Cáritas Española, Silverio Agea, ha lamentado que el crecimiento económico no se haya acompañado con una reducción de la situación de pobreza, en la que se encuentran ocho millones y medio de personas, y de pobreza extrema, que afecta a un millón y medio de españoles.