Sólo tres de cada cien abortos se practican en centros públicos en España, un proceso que se restringe a malformaciones severas del feto y que en mayor número se efectúa en Valencia, Cantabria, País Vasco y Galicia. Ésta una de las principales conclusiones del informe sobre el acceso al aborto en España elaborado y presentado ayer por la asociación que agrupa a las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI) y el Grupo de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva (GIE).

Este estudio revela que en las comunidades autónomas de Navarra, Castilla y León, Extremadura y Murcia, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no existe ningún servicio público que efectúe abortos. En opinión de ambas organizaciones, la situación pone de manifiesto las desigualdades de la atención en España a las mujeres. El informe concluye que la mayoría de regiones cuentan con centros privados para atender a las mujeres que decidan abortar antes de las 12 semanas de gestación (el 90% de los casos). Pero existe menor oferta cuando el tiempo de gestación supera esas 12 semanas, lo que obliga a las mujeres a emprender "un peregrinaje" a las comunidades que cuentan con estos centros (Andalucía, Asturias, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Valencia), según explicó Francisca García, portavoz de la ACAI.

En lo relativo a la financiación, García aseguró que "el ejemplo a seguir" es el modelo andaluz de conciertos con centros privados. La presidenta del GIE, Diana Sojo, apostó por una reforma legislativa de la ley del aborto que incluya su despenalización y una mayor flexibilidad en los supuestos y plazos actuales.