Fernando de Pablo será sustituido por José Ávila en el “procedimiento específico”, y Carlos Sierra y Rafael Ramírez renuncian a defenderlo en la pieza de la ayudas a su ex chófer y en la causa de los “contratos fantasma” de Umax.

Aseguran que "no existe base jurídica" para decir que un porcentaje "incumple la ley", porque el "mercado es libre".

El tribunal acepta la petición del PP de dar lectura a la declaración de Fernández ante Alaya, donde se le formularon más de 500 preguntas.

Jacinto Cañete asegura que la "única opción" que tenían era aceptar los pagos una vez que eran revisados por los servicios jurídicos y financieros de la agencia.

La juez María Núñez Bolaños archiva la causa por la concesión de una ayuda de un millón a un empresario que declaró que el director de Trabajo era "un Dios" para él.

El ex director de Trabajo se retracta de 4 declaraciones en las que implicó a "todo" el Gobierno andaluz. Sólo accede a responder a las preguntas de su abogado.

Muestran su protesta por la admisión e incluso advierten de la posibilidad de recurrir en amparo al Tribunal Constitucional.

La magistrada toma esta decisión porque en esta pieza separada se indaga en "numerosos hechos punibles, involucrando a gran cantidad de investigados", lo que implica el examen de abundante documentación.

Jorge Muñoz y Juan Manuel Marqués sintetizan las claves de la sesión.

En 157 pólizas realizadas fuera de Andalucía hubo también financiación pública.