La Policía Nacional ha cerrado su investigación sobre los taxistas del aeropuerto con 27 profesionales del sector imputados por cuatro delitos: daños, coacciones, amenazas y pertenencia a organización criminal. Como adelantó este periódico, dos de estos 27 taxistas fueron detenidos la semana pasada como presuntos autores de algunos de los incidentes ocurridos en la terminal. Los 25 restantes han pasado en las últimas semanas por las dependencias de la Jefatura Superior de Policía, en la avenida de Blas Infante, donde han prestado declaración en calidad de investigados.

La investigación la ha dirigido la Brigada de Información de la Policía Nacional en Sevilla y se ha prolongado durante cuatro meses. Se ha centrado casi exclusivamente en las amenazas y coacciones sufridas por los conductores de vehículos de alquiler con conductor, que cuentan con licencias VTC. Las empresas responsables de estos coches han presentado aproximadamente una treintena de denuncias desde el pasado mes de diciembre hasta hoy.

En la mayoría de los casos, los ataques consistieron en lanzamientos de huevos y piedras, patadas y golpes contra los coches, amenazas a los conductores, aplicación de ácido para corroer la pintura de los vehículos, rayaduras en las carrocerías y pinchazos en los neumáticos. Muchos de estos incidentes ocurrieron en los aparcamientos del aeropuerto y en las inmediaciones de la terminal, mientras los conductores de los vehículos con licencia VTC esperaban a sus clientes o aguardaban la cola para entrar en los aparcamientos. En estos últimos casos, los ataques ocurrieron con los conductores en el interior de sus vehículos.

La asociación mayoritaria de taxistas que presta servicio en el aeropuerto es Solidaridad del Taxi. A ella pertenecen prácticamente todos los conductores imputados. El presidente de esta entidad, Enrique Filgueras, manifestó públicamente, en una asamblea de taxistas celebrada el 6 de febrero en la explanada de la estación de Santa Justa, que sentía "orgullo" cada vez que oía que habían pinchado en el aeropuerto un coche de Cabify, en referencia a la principal empresa que presta servicios de alquiler con conductor en Sevilla. "Eso es lo que tenían que hacer más de cuatro", recalcó, para acto seguido decir que con ello no quería animar a este tipo de prácticas.

Las pesquisas de la Policía se han prolongado durante cuatro meses

La Policía considera a una parte de los taxistas que rinden en el aeropuerto de Sevilla como una organización criminal, con unos roles perfectamente establecidos para cada uno de sus miembros. Es decir, una mafia del taxi, expresión que fue acuñada por el que fuera Defensor del Ciudadano en el anterior mandato, José Barranca. El Código Penal castiga este delito, el de pertenencia a organización criminal, con penas de entre 3 y 6 años de cárcel. Dos de los 27 investigados fueron también detenidos. Ambos son titulares de licencias municipales de taxis. El primero, identificado como Miguel M. M., pasó a disposición judicial el jueves de la semana pasada, mientras que el segundo, Norberto P. J., lo hizo al día siguiente. Ambos quedaron en libertad con cargos.

Además de los ataques a las VTC, en San Pablo se han registrado otros incidentes entre taxistas. Los profesionales que rinden en la parada de la terminal han pinchado neumáticos y saboteado los coches de muchos de sus compañeros que intentaban acudir a recoger a algún cliente previamente contratado. Tanto es así que algunos taxistas optaron por llevarse a sus mujeres para que acudieran a recoger a los clientes mientras ellos aguardaban junto al coche. Tampoco se han esclarecido aún los dos asaltos sufridos en su casa por el presidente de la asociación Foro Taxi Libre, Juan Martín Caparrós, cuya puerta fue rociada con excrementos y su pared pintada con la palabra "Judas".

A partir de ahora, el caso está en manos de los juzgados de Sevilla, que no es la primera vez que investigan amenazas y coacciones entre taxistas en el aeropuerto de San Pablo. A principios del año 2013, la Fiscalía denunció el caso después de que el verano anterior varios taxis sufrieran pinchazos en sus ruedas y arañazos en la carrocería cuando se hallaban en la terminal. El Ministerio Público sostenía que había un intento "de controlar la actividad" del taxi en el aeropuerto por parte de un grupo de miembros del colectivo. El juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla abrió una investigación y citó a declarar como imputados a nueve taxistas. Sin embargo, el caso se archivó un año más tarde, después de que los taxistas que habían comparecido como testigos matizaran sus versiones y las supuestas coacciones, llegando a asegurar que el trato que recibieron siempre fue correcto e insistieron en que la situación en el aeropuerto se había "normalizado" desde que se denunció el caso.

Dos de los taxistas fueron detenidos y los 25 restantes declararon como investigados

El Ayuntamiento de Sevilla no ha tomado ninguna medida contra los taxistas presuntamente implicados en esta organización criminal de la que habla la Policía Nacional. El Consistorio mantiene de momento todas las licencias a los detenidos e imputados en esta investigación, y tampoco ha tomado ninguna medida para acabar con el régimen de monopolio que este grupo de taxistas mantiene en la parada de la terminal. El delegado de Movilidad y Seguridad, Juan Carlos Cabrera, que recientemente negó que hubiera conflicto en el sector del taxi, aseguró hace unas semanas que quiere copiar el modelo de recogida de clientes de los vehículos con licencia VTC en el aeropuerto de Málaga. Sin embargo, se niega a establecer el sistema de turnos rotatorios de taxistas, que sí está implantado desde hace años en el Pablo Picasso. En el año 2002, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya recomendaba el sistema de turnos en el aeropuerto. El consejo de gobierno del Instituto del Taxi rechazó esta medida recientemente, después de que fuera propuesta por Ciudadanos, único partido que ha levantado la voz contra las irregularidades del sector.