La Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación de Internautas y la Asociación Española de Pequeña y Mediana Empresa (Apemi), integrantes de la plataforma Todos contra el canon, han solicitado a la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, una reunión para clarificar todo lo relativo a la recaudación por parte de las entidades de gestión y a las supuestas "irregularidades".

El colectivo presentó el pasado 8 de febrero una denuncia contra las gestoras de derechos de autor por supuesta falsedad en documento público y privado y apropiación de 50 millones del canon digital correspondientes a los autores, además de un delito contra la hacienda pública. En su escrito, los colectivos firmantes reclaman al Ministerio que aporte a las diligencias abiertas en la Fiscalía Anticorrupción la totalidad de las auditorías obligatorias de las entidades de gestión españolas, así como las de sus grupos empresariales.

Igualmente, reclaman las aclaraciones necesarias del Ministerio respecto a los datos publicados en su web y el porqué de las diferencias con el resto de datos publicados por las mismas asociaciones de derechos de autor. En el escrito, los colectivos lamentan las supuestas "amenazas" de las entidades de gestión de querellarse contra ellos por la denuncia presentada ante la fiscalía. "Muy probablemente a esta situación no se hubiese llegado si las entidades, ahora tan ofendidas y coléricas, hubiesen acatado el requerimiento que les realizó el Senado en octubre de 2007 de aportar sus estados contables, los propios y los de los holdings que penden de cada una de ellas, a dicha cámara", recoge el escrito enviado al Ministerio.

Cuarenta escritores le piden al Gobierno que no se suprima el canon digital

Unos 40 escritores, entre ellos Antonio Muñoz Molina, José María Merino, Almudena Grandes y Juan José Millás, le han pedido al Gobierno que no se reduzca drásticamente la compensación por copia privada de sus libros, conocida como canon digital, porque eso supondría "un retroceso del libro español". Los escritores reclaman sus derechos en una carta enviada a los ministros de Cultura, Industria, Educación, Economía, Vicepresidencia primera y Presidencia, en la que reconocen que este colectivo vive "un momento crítico y decisivo" porque en estos días "se está negociando el alcance de la compensación por la copia privada" de sus obras, y la nueva regulación se verá reflejada en un Real Decreto. "Hay una fuerte presión, principalmente impulsada por la industria tecnológica tras cierta interpretación de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que persigue invalidar, mediante su drástica reducción, esta remuneración que nos corresponde legítima y legalmente", afirma este colectivo.

La carta, titulada SOS. Los escritores reclamamos nuestros derechos, está firmada también por Juan Pedro Aparicio, Fernando Aramburu, Luis García Montero, José María Guelbenzu, Luis Landero, Elvira Lindo, Manuel Longares, Gustavo Martín Garzo, Luis Mateo Díez, Rosa Montero, Álvaro Pombo, Carmen Posadas, Soledad Puértolas, Fernando Savater y Suso de Toro. Los firmantes aseguran que su objetivo es "facilitar el uso pacífico" de sus obras, pero consideran "de vital importancia" que se tenga en cuenta lo que supondría "la descapitalización de este derecho" que les corresponde como creadores Entre otras consecuencias, la reducción, o supresión, del canon digital obligaría al "desmantelamiento de la gestión colectiva que lleva a cabo CEDRO", que en la actualidad "representa en nuestro país a casi 18.000 autores españoles y a otros miles de más de 30 países". El Centro Español de Derechos Reprográficos repartió en 2010 unos 10,23 millones de euros entre escritores y editores, de España y de otros países.

Eliminar el canon supondría también "una disminución de la protección legal" de la propiedad intelectual, "la legalización política y social de cierta especie de 'expropiación de derechos intelectuales'" y "un retroceso del libro español y, por ende, de nuestra cultura", sostienen los escritores, entre los que también figuran Jorge M. Reverte, Eduardo Mendicutti, Vicente Molina Foix, Juan Manuel de Prada y Clara Sánchez. Ante "la gravedad de esta situación", los autores solicitan al Gobierno que tenga en cuenta que la copia privada del libro "es distinta al del resto de obras de creación". Y es diferente porque "la mayoría de los equipos que se utilizan para reproducir libros (fotocopiadoras, multifuncionales y escáneres) son adquiridos por empresas y administraciones públicas y no por usuarios privados, como ocurre, por ejemplo, con un reproductor de música o vídeo".

Además, esos equipos son puestos a disposición de los empleados como usuarios privados, "que pueden hacer con ellos, sin ningún tipo de control, copias de libros para cualquier fin, también para el privado". Los escritores quieren que el Gobierno acepte la propuesta presentada por CEDRO para adaptar el sistema actual de copia privada a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que, entre otros puntos, consiste en mantener "el actual sistema de copia privada de equipos y aparatos que sirven para hacer reproducciones de libros". En la propuesta de CEDRO se pide también que "solo se exceptúe del pago a los equipos y aparatos adquiridos por las empresas y administraciones que dispongan de la licencia de reproducción de la entidad de gestión correspondiente, y que la compensación establecida resarza el perjuicio ocasionado por las copias privadas" de los libros. En la carta, los escritores confían en el conocimiento que tiene el Gobierno de "la importancia de la cultura escrita de nuestro país" y en que tengan en cuenta las propuestas que les hacen "para solucionar este conflicto".