La RTVV habla claro a los espectadores de su situación y la audiencia respondió este miércoles, en la primera jornada tomada por la plantilla, con el mejor dato de la cadena valenciana en los últimos diez años sin contar los días de eventos especiales: un 9,4% (algo menos de lo que suele registrar Canal Sur entre los espectadores andaluces). La cifra parece corta, pero es el triple de lo que solía hacer Canal Nou hasta el cierre anunciado el martes. La RTVV oficialmente ha estado controlada por los consejeros de la oposición hasta que llegue el director general provisional nombrado ayer.

El gobierno de la Generalitat no tiene ni por asomo intención de dar marcha atrás para acatar la justicia y atender la anulación del ERE que supondría la readmisión del millar de despedidos. El segundo del presidente Alberto Fabra, el consejero de Presidencia José Císcar, calculaba que mantener la RTVV previa al expediente en los próximos tres años supondría un coste de 228 millones de euros, "con los que se pueden construir 57 colegios y 60 centros de salud", defendió ayer ante una comisión de las cortes. El Consell insiste en que no va a renunciar a gastos sociales para salvar la corporación. Esa es la coartada desde el primer minuto. Tirar por la borda la RTVV costará 70 millones entre el finiquito a los expedientados y el despido a la plantilla que funcionaba hasta este martes. La mala gestión había acumulado 1.200 millones de déficit durante estos 24 años de historia, sobre todo por el millonario gasto de derechos deportivos y equipamientos prescindibles.

En una acelerada operación para evitar el meteórico desgaste de esta drástica clausura, con la cadena funcionando a todo gas contra la imagen del PP valenciano, el gobierno aprobaba así un decreto de urgencia para nombrar una nueva dirección y los cuatro consejeros populares tras el portazo de la directora que sufría la noticia del cierre, Rosa Vidal. La emergencia obligaba a esa finta legal. El directivo nombrado es Ernesto Moreno, hasta ahora director de los institutos culturales valenciano y que también fue responsable del Palau de les Arts de Valencia. Moreno está llamado en principio a retomar el control de la RTVV a cargo del PP y emprender la extinción de la sociedad. Debe, por tanto, apagar la luz y señalar el camino para la disolución de la empresa pública y el despido de la plantilla actual. El gobierno, reunido en dos ocasiones ayer para la resolución, defiende todos los cambios de urgencia ya que la RTVV "no estaba cumpliendo el contrato programa" desde la dimisión de Vidal en la mañana del miércoles.

El cúmulo de decisiones del gobierno autonómico valenciano ha ido enervando cada vez más a la oposición, tildando de nuevo el proceso de "cacicada", mientras que desde el Palau se asegura que la extinción de la empresa se irá haciendo con "prudencia" y siguiendo los plazos.

La dimisionaria directora general acudía a primera hora a la Cadena Ser para explicar de forma más detallada la cuenta atrás del anuncio del cierre y lamentó que el gobierno de Fabra haya tenido "injerencias tanto en la gestión como en los informativos" de la sociedad pública. Vidal aseguró que el entorno de la presidencia había mostrado desde meses atrás, tras la constitución de la nueva sociedad, muchos recelos hacia su labor y hacia el trabajo de la directora de Informativos. Varios trabajadores de la cadena han vertido estos días en las redes sociales el control exhausto de la información, los eufemismos y manipulaciones, a lo que se veían obligados a lo largo de estos años de emisiones. La falta de credibilidad de Canal Nou se manifiesta por ejemplo en esos escuálidos datos de audiencia que mostraba.

Vidal señaló además en su entrevista matinal que se ha marchado por la "falta de confianza" en el Gobierno valenciano al que acusó de "faltar a la verdad" en las explicaciones sobre los motivos del cierre de la sociedad. La ex directora cree que es posible "una gestión sostenible de Canal Nou", empresa pública que iba a terminar este ejercicio con superávit, tras haber disminuido su plantilla en un 70% tras el ERE. La dimisionaria asegura que "en siete meses, controlando los gastos diarios" se conseguía una gestión sin parangón a lo vivido años atrás.

El organismo de la Forta, federación que engloba a todas las autonómicas, incluida Canal Sur, emitía ayer un comunicado en el que lamentaba "profundamente" la decisión del cierre de la RTVV. A la exposición no se sumaba Telemadrid, que se encuentra en una situación semejante a la de la valenciana ya que el Tribunal Supremo está supervisando el ERE planteado el pasado año. La Forta firmaba su respeto a la sentencia de la readmisión de los despedidos en la corporación valenciana y defendía el modelo de radiotelevisión pública como "plenamente vigente". "Los ciudadanos aspiran a poder acceder a un servicio de proximidad en el que se vean reflejados con todas sus inquietudes; tal y como son; en su lengua y costumbres", es el argumento principal de la Forta sobre el papel de sus cadenas. Telemadrid también cerrará si se produce una sentencia de readmisiones.