Toros

Reclamación contra la prohibición de los toros en Cataluña

  • Abonados insta al Defensor del Pueblo a interponer un recurso de inconstitucionalidad

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La Unión Taurina de Abonados y Aficionados de España ha solicitado al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Comunidad autónoma de Cataluña, en la que se prohíbe el toreo.

En un comunicado hecho público por esta asociación, que preside José Luis Moreno Manzanaro, la Unión esgrime entre otras razones para el recurso el que "la prohibición de las corridas de toros supone una clara contravención del principio de libertad que inspira e impregna el contenido de la ciudadanía española".

También que la citada ley votada en el Parlamento catalán "contraviene los derechos de producción y creación artística garantizados por el artículo 20.1 b) de la CE". En este sentido, afirma que es un contrasentido que el Gobierno de la Nación premie a los toreros con la Medalla de las Bellas Artes y que estos artistas tenga su actividad prohibida en la Cataluña española, entre tanto pueden desarrollarla en Francia. Otro de los puntos en los que basan su instancia al Defensor del Pueblo es la libertad de empresa y el derecho de asociación para promover o potenciar las actividades taurinas.

Asimismo, respecto al aspecto cultural, la Unión de Abonados señala que "la cualidad de la Fiesta Taurina como integrante del patrimonio cultural, determina que su prohibición o su desnaturalización por una norma legal suponga no sólo la violación del deber constitucional de preservación impuesto por el artículo 46 de nuestra Carta Magna, sino también contravención del artículo 44.! ("Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho") y, por tanto, debe conducir a la declaración inconstitucionalidad de la norma prohibitiva cuya impugnación se solicita".

Entre los argumentos fundamentales para solicitar el recurso, la Unión esgrime y desarrolla como motivo de impugnación "la falta de competencias autonómicas atribuidas a la Generalitat por el bloque de constitucionalidad formado por la Carta Magna española de 1978 y el Estatuto de Cataluña de 2006".

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