Nunca antes en su historia el toreo había estado tan cuestionado como ahora, debido, principalmente, al cambio político experimentado en España tras las elecciones autonómicas, que ha propiciado que muchos ayuntamientos hayan decidido suspender sus ferias o, en algunos casos, declararse antitaurinos. El caso de mayor repercusión lo ha representado A Coruña, cuyo alcalde, Xulio Ferreiro (Marea Atlántica), ha cerrado la puerta a la celebración de la feria de María Pita, por lo que tendrá que indemnizar a la empresa arrendataria del Coliseum coruñés por rescindir el contrato que les vinculaba esta temporada y otras dos más opcionales.

También en Huesca saltaron las alarmas en el sector taurino cuando el tripartito formado por PSOE, Cambiar Huesca y Aragón Sí Puede hicieron público un documento en el que, entre otras medidas, se recogía la "desaparición paulatina" de los festejos taurinos en la ciudad a partir de 2017, año en el que expira el contrato con el empresario del coso oscense, Diego Luna.

Algo parecido podría ocurrir también en Ciudad Real, que, aunque este año ha permitido la celebración de la feria taurina en honor a la Virgen del Prado, no sin cierto suspense, la nueva alcaldesa de la ciudad, la socialista Pilar Zamora, podría ceder a una de las medidas impuestas por su socio político, Ganemos, para que en los próximos años fueran también desapareciendo los festejos taurinos.

En el litoral mediterráneo la situación es, cuanto menos, peliaguda. El nuevo equipo de gobierno de la ciudad de Alicante se plantea someter a referéndum la continuidad de su feria de Hogueras, en un momento en el que una de sus concejalas, Marisol Montero, de Guanyar Alacant (formación integrada por Podemos, IU y otros colectivos), va a ser investigada por el Ministerio de Interior tras unos mensajes en las redes sociales contra la afición taurina. En Valencia, y aunque aún no hay una declaración oficial al respecto, el nuevo gobierno regional, capitaneado por Compromís, recoge en su programa electoral declarar la ciudad "libre de espectáculos taurinos con animales y no subvencionar con dinero público ningún acto donde se maltraten seres vivos".

Otras localidades de la Comunidad Valenciana como Alcira o Gandía ya han suspendido sus ferias taurinas y espectáculos de "bous al carrer"; Xátiva, cuyos festejos para esta temporada son oficiales, podría seguir los mismos pasos a partir de 2016, mientras que la alicantina Denia someterá a consulta entre sus habitantes si quieren seguir celebrando sus tradicionales "bous a la mar". Más municipios valencianos como Chirivella, Aldaya, Paiporta, y el castellonense Vinaroz podrían dar la puntilla definitiva a sus tradicionales festejos populares con vaquillas y llegar a declararse ciudades antitaurinas.

En esta dirección camina también la nueva línea política de Palma de Mallorca, ciudad que cada año celebra un festejo taurino en su coliseo balear, y este año podría ser el último antes de que la ciudad se declarase oficialmente en contra de la Tauromaquia. Otras ciudades que podrían alterar sus tradiciones taurinas tras el giro político experimentado son Pamplona (EH Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e Izquierda-Ezkerra), Zamora (Izquierda Unida), Castellón (PSPV y Compromís), Zaragoza (Zaragoza Común, CHA y PSOE) y la navarra Tudela (Izquierda-Ezkerra, PSOE y Tudela Puede).

En todas estas poblaciones no ha habido, hasta la fecha, ninguna declaración oficial acerca de la intención de suprimir los festejos taurinos, aunque en los programas electorales de los partidos gobernantes sí se advierte el rechazo a los espectáculos cruentos con animales.

Pero no todo son noticias adversas para el sector taurino. La victoria del PNV en San Sebastián ha devuelto los toros a la ciudad; en Barcelona se sigue pendiente de una resolución del Tribunal Constitucional, mientras que en algunos municipios madrileños como Pinto, Alcobendas, Ciempozuelos y San Sebastián de los Reyes ha vencido la moción de la oposición de mantener sus ferias taurinas.