La intervención en la hermandad de las Penas por supuestas irregularidades en la constitución del proceso electoral de 2014 suma un nuevo capítulo. Tras el comunicado emitido por el Obispado de Málaga el pasado 6 de marzo, donde apoyaban la labor del comisario Manuel Gordillo y describían el proceso legal vivido hasta la fecha, los dos principales cargos de la anterior junta de gobierno, Manuel Calderón y Jesús Mesa, denuncian irregularidades en el proceso llevado a cabo por los responsables diocesanos a través de una nota remitida a los medios.

Ambos exdirigentes señalan que, desde las instancias diocesanas, "se ha actuado con una presunta predisposición incriminatoria y falta de caridad cristiana, vulnerando la presunción de inocencia", además de aplicar las sanciones de la propia hermandad usando las Reglas desde un cargo no electo.

Mesa y Calderón indican en la nota que el Obispado abre un proceso para investigar las irregularidades del proceso electoral en noviembre de 2015, meses después de que un comunicado de la hermandad señalase, con las iniciales de los dos cofrades, a ambos como culpables. Una vez abiertos los expedientes sancionadores a quince hermanos, los hermanos de las Penas indican que es nombrado como instructor del caso "un supuesto amigo personal del propio Obispo, procedente de la diócesis de Alcalá la cual tiene un ámbito de actuación ajeno al nuestro que lo hace totalmente desconocedor de los asuntos de nuestra diócesis", como señalan en la nota. Por ello aseguran que no supone "garantía alguna para el proceso".

Igualmente, y al igual que declarasen en sendas entrevistas para el portal El Cabildo, en su comunicado los dos cofrades aseguran no haber tenido oportunidad para dialogar con el obispo Jesús Catalá tras haber solicitado audiencia con el prelado. Con respecto al proceso en los tribunales eclesiásticos, Mesa y Calderón aseguran que el Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida "invitó al obispo a proceder a la revocación de sus decretos sancionadores", algo que se hizo efectivo en noviembre del año 2016. El recurso ante el Tribunal Supremo de la Santa Sede, que el Obispado aseguró en su comunicado que tal institución desestimó, se hizo por parte de los dos hermanos para que "entrara en el fondo de la cuestión, puesto que el comisario, siguiendo instrucciones del prelado, procedió a abrir nuevos expedientes". Ambos cofrades confían en que estos organismos "impongan orden ante la situación que tan injustamente estamos padeciendo".