En su intervención del lunes para anunciar que continúa en el cargo, Pedro Sánchez anunció, sin mayores concreciones, un programa de “regeneración democrática” para limpiar la vida política y reducir la polarización. Lo definió como un punto y aparte, después de haber vivido en su entorno más íntimo lo que considera una campaña de bulos y mentiras contra su mujer con el objetivo de desprestigiarlo. En las entrevistas que concedió el mismo lunes por la noche a Televisión Española y ayer a la Cadena Ser el presidente avanzó líneas que invitan a expresar una preocupación muy seria. Según el planteamiento de Sánchez, esa regeneración que proclama pasaría por un mayor control de la información, para combatir las mentiras y las manipulaciones, y por cambiar los mecanismos de selección de jueces y magistrados, empezando por la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial. Se han puesto encima de la mesa cuestiones muy delicadas que podrían conducir a una deriva claramente antidemocrática. No cabe duda de que la existencia de numerosas webs dedicadas a la mentira y el bulo que se hacen pasar por medios de comunicación, con el altavoz de las redes sociales, es un elemento que distorsiona el debate público y empobrece la democracia. También es una evidencia que el bloqueo político a la constitución de un órgano de gobierno de los jueces renovado está tensionando la Justicia hasta extremos nunca vistos en España. Pero ojo. Se está jugando con elementos que están en la misma esencia de la democracia: la libertad de expresión y la independencia judicial. Cuestionarlos es, por tanto, cuestionar la propia democracia. Desde este punto de vista ni un solo paso cabe darse sin que cuente con un amplio consenso en el Congreso, por difícil que ello pueda parecer en las actuales circunstancias, y blindando el sistema de garantías que consagra la Constitución. España no puede adentrarse en caminos que ya han fracasado en países como Polonia o Hungría.