El Juzgado de lo Social 4 de Málaga vuelve a validar el derecho de la plantilla de Limasa a reponer las condiciones laborales fijadas en el último convenio admitido como vigente, correspondiente a los años 2010-2012. De hecho, la vista de este jueves ha señalado la ejecución de la sentencia ya dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Lo que queda de nuevo pendiente, a resolver previsiblemente en una sesión a celebrar el próximo 19 de febrero, son los conceptos por los que los empleados podrán reclamar de manera invidualizada la compensación por parte de la empresa.

"Es como el día d ella marmota", ha admitido a la salida de la Ciudad de la Justicia el abogado del Stal (Sindicato de Trabajadores de la Administración Local), José María Ramírez, quien ha recordado que es la tercera vez que Limasa recibe sentencia "en la que se le condena a restablecer las condiciones que tenía en el convenio 2010-2012". El letrado de la organización que impulsó la primera reclamación contra Limasa, ha cuestionado que la sociedad mixta siga esquivando el cumplimiento de los fallos judiciales ya producidos.

Al respecto, se ha preguntado: "¿cuántas sentencias necesita Limasa, la señora Porras y el alcalde para evidenciar que los derechos de los trabajadores son los reconocidos en la única norma de cobertura que es el convenio de 2010-2012". Respecto a la vista del 19 de febrero, Ramírez ha aludido a que debe servir para determinar los conceptos salariales "conculcados, desde el vestuario a la paga extra...". En este sentido, el abogado no ha descartado la posibilidad de abrir un proceso de "desobediencia" contra la empresa en el supuesto que se siga negando la ejecución de la sentencia.

Cuestionado por la suma económica que podría implicar el abono de los retrasos acumulados en estos seis años, Ramírez ha admitido la dificultad de poner una cifra, si bien ha fijado una horquilla de entre 12-14 millones y 20 millones. Lo que sí es claro es que para que cada operario pueda recuperar los derechos ahora reconocidos tendrá que interponer una demanda individual contra Limasa realizando la citada reclamación. "Tienen que ser los trabajadores los que de manera individualizada hagan las reclamaciones", ha señalado.

A la vista de este jueves acudieron representantes del comité de empresa, presidido por Manuel Belmonte. De acuerdo con la información manejada por el representante de UGT, son ya más de 250 los operarios que han acudido a los tribunales con las mencionada demandas individualizadas.

Belmonte, preguntado sobre ello, se ha referido al ultimátum lanzado esta misma semana por el alcalde, Francisco de la Torre, al fijar el día 15 de febrero como fecha máxima para que el comité exprese su posición sobre la propuesta de convenio realizada por el Ayuntamiento y con la que, de momento, se mantienen diferencias evidentes.

"Es una locura, quieren que firmemos un convenio de 2013 a 2023, once años, y de 2013 a 2018 que pongamos que no hay atrasos; no se puede admitir, no vamos cortarle al trabajador unos derechos que tiene por sentencia firme", ha expresado el presidente del comité, quien ha apuntado la importancia de esperar a ver qué ocurre el 19 de febrero.

A su juicio, De la Torre "ha estado dando patadas a la pelota", criticando de manera clara la postura del equipo de gobierno del PP. "Lo que nos han pedido lo hemos cumplido, pero a la vista está que esto no es una reunión de vecinos, es un colectivo con 1.800 familias y no vamos a admitir amenazas; nosotros no estamos amenazando, estamos defendiendo los derechos de los trabajadores y es lo que vamos a hacer", ha apostillado.