España se ha propuesto ir más allá ante la política revisionista emprendida por el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, para el presupuesto plurianual comunitario, mientras las organizaciones reunidas la pasada semana en el Congreso del COPA se plantean cómo enfrentarse a la PAC pos 2020. El campo, la agroindustria española al igual que la andaluza, su presente y su futuro, dependen demasiado de los fondos comunitarios, de los criterios para su distribución.

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, anunció la pasada semana su determinación de llevar al Consejo comunitario de Ministros de Agricultura, celebrado ayer, la necesidad de que la UE realice un estudio pormenorizado sobre las repercusiones que tendrá en el sector agrario la nueva tanda de medidas, dentro de la revisión intermedia del presupuesto plurianual de la UE.

En la reunión, los ministros tenían previsto debatir sobre el reglamento ómnibus y sus consecuencias sobre los principales reglamentos de la PAC, cuestiones abordadas igualmente en el COPA. Cabanas explicó que la intención de España era escuchar la propuesta de reglamento ómnibus que la Comisión Europea está elaborando. Pero ya adelantó que España pediría la creación de un grupo específico de trabajo para conocer las repercusiones que puede tener la modificación de los reglamentos comunitarios para el sector agrario español, informó el Ministerio de Agricultura. Según indicó Cabanas, este reglamento ómnibus, que la Comisión presentó en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, tiene como objetivo la modificación en los reglamentos base de la política agrícola; como el reglamento financiero, el reglamento de desarrollo rural, los reglamentos de la OMC o los reglamentos de la PAC.

El secretario general de Agricultura y Alimentación hizo estas declaraciones a la salida del Consejo Consultivo de Política Agrícola, que presidió la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, en la sede del departamento, con la participación de los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas.

En relación con la modificación de la figura del agricultor activo, Cabanas subrayó que España siempre ha apostado por la agricultura activa, "y nuestro objetivo es seguir la línea que hemos mantenido desde la reforma de la PAC". Explicó que España va a estudiar la flexibilidad que propone la Comisión, por lo que no quiso hacer una valoración antes de que se discuta ese reglamento.

En cualquier caso, señaló que la política de agricultor activo que ha puesto en marcha el Gobierno ha sido muy beneficiosa para España. "Pero vamos a esperar a que finalice la discusión del reglamento para ver qué posición final se adopta", apostilló.

El objeto del debate del Consejo de Ministros de Agricultura entra dentro de la nueva oleada de medidas de simplificación de la PAC 2014-2020, introducidas por el comisario de Agricultura en el último año y que se incluyen en un reglamento ómnibus de la Comisión Europea. Además, el Consejo de Ministros de Agricultura tenía previsto abordar cuestiones relativas a la pesca, como las posibilidades de capturas en el mar Báltico para 2017 y la consulta anual entre la UE y Noruega.

También en el contexto económico, pero en el ámbito nacional, Carlos Cabanas explicó que la Conferencia Sectorial de Agricultura ha repartido fondos en distintas medidas, como los Programas de Desarrollo Rural, para la mejora del sector de frutos de cáscara y algarrobas, para sanidad animal y vegetal, y para el consumo de leche en escuelas. En total, el Ministerio de Agricultura ha repartido entre las distintas comunidades autónomas 68.446.870 euros, destinados a la ejecución de diferentes programas alimentarios, ganaderos y de desarrollo rural.

En este ambiente, la pasada semana las organizaciones agrarias realizaron un exhaustivo debate sobre el futuro de la PAC en el congreso del COPA-Cogeca celebrado en Atenas.

Tras la reunión y en relación a la Comunicación sobre la PAC pos 2020 que la Comisión publicará el próximo verano, el presidente del Copa, Martin Merrild, destacó la necesidad de que desde el sector "desarrollemos nuestra posición para poder contribuir al proceso y garantizar que contamos en el futuro con un sector agrícola capaz de dar respuesta a las crisis similares a las que acabamos de atravesar".

"Necesitamos una PAC útil para los agricultores", señaló Merrild, quien exigió también el desarrollo "de herramientas a nivel de las explotaciones para que, pasado 2020, los agricultores puedan gestionar mejor los riesgos de unos mercados cada vez más volátiles: medidas de gestión de riesgos, seguros, mercados de futuros y medidas de gestión del mercado sólidas". "Es importante -agregó- también orientar mejor la producción hacia las demandas del mercado; la PAC debe incluir estos aspectos. Además, los consumidores deben ser conscientes de los elevados estándares de producción que cumplimos y de los numerosos beneficios que reporta el sector agrícola a las zonas rurales de la UE así como al crecimiento y a la creación de puestos de trabajo; la PAC es crucial para garantizar lo anterior, y hay que mejorar la comunicación".

En su opinión, el programa de simplificación del Comisario Hogan "se queda corto". "Estamos sepultados por el papeleo, y la UE debe ir más allá en su ambición por eliminarlo", dijo el presidente del COPA quien además considera que "algunos de los cambios propuestos dificultan la situación de los productores y son contraproducentes desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental". "Esto debe cambiar de cara al año que viene y de cara a la PAC pos 2020. Necesitamos normas sencillas, factibles y fáciles de comprender", concluyó. El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca , también se refirió a las conclusiones de la reunión del COPA.

Señaló que la PAC necesita instrumentos de gestión de mercados "para luchar contra la volatilidad de precios e incentivar políticas de integración en las cooperativas para reequilibrar la cadena de valor y fortalecer la posición y rentabilidad de nuestros productores". Reclamó una estrategia comercial "ambiciosa y equilibrada, en la cual la UE debe ser una entidad única para firmar los tratados, pero también para hacerlos cumplir en los países de destino".