La aprobación por parte de la UE del nuevo Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía para el periodo 2014-2020 se espera que sea oficial de un momento a otro. Actualmente está pendiente de que la CE dé su visto bueno a los detalles finales, pero ya se sabe bastante de lo que será su contenido. En lo económico, será la herramienta para que lleguen a Andalucía más de 2.450 millones de euros -300 millones menos que en el anterior- de los que 1.850 serán directamente gestionados por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta, mientras que el resto será responsabilidad de otras consejerías, entre ellas la de Medio Ambiente, que tras Agricultura es la que manejará más presupuesto.

De los 1.859 millones de euros que gestionará la Consejería de Agricultura, la principal partida, de 614,8 millones, se destinará a respaldar inversiones en explotaciones, industrias e infraestructuras para mejorar la competitividad del sector agroalimentario y el fomento de la integración cooperativa. Las ayudas agroambientales y para agricultura ecológica supondrán 528,8 millones. A ello se suman las partidas para desarrollo territorial a través los Grupos de Desarrollo Rural (258 millones de euros); incentivos al relevo generacional en explotaciones y empresas (130,2 millones); mejora de gestión y asistencia técnica (37,8 millones) y cooperación entre agentes públicos (24 millones). En total, las medidas que competen a la Consejería de Agricultura son quince.

El PDR contará también con el Subprograma Temático Específico para el Olivar, con 304 millones de euros que dotarán de contenido financiero al Plan Director del Olivar de Andalucía 2014-2020, que fue aprobado el pasado mes de marzo.

De los 1.859 millones de euros que gestionará la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 1.463 proceden del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el resto lo aportan el Estado (20%) y la Junta de Andalucía (5%).

El nuevo PDR se ha tenido que elaborar con un menor presupuesto, en concreto una disminución del 9,8% de Feader y de un 20% menos de cofinanciación por el Estado, unos 75 millones de euros menos.

En total, el nuevo PDR contará con un gasto público total de 2.450 millones (300 millones menos que el anterior, que tenía 2.750). Esta reducción del presupuesto originó en su día muchas protestas del Gobierno Andaluz que consideró que se discriminaba a la región ya que "Andalucía ha sido la única Comunidad Autónoma a la que se la ha reducido la asignación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), concretamente 211 millones de euros" a los que se suma, lógicamente, la parte de cofinanciación estatal que les hubiera correspondido.

Pese a este menor presupuesto fuentes de la consejería destacan que habrá más disponibilidad de dinero ya que "apenas hay que hacer frente a compromisos del marco anterior, por lo que casi todo el presupuesto está disponible para nuevos compromisos e inversiones". Por el contrario, en el PDR 2007-2013 había unos 350 Millones de euros que estaban ya comprometidos para medidas iniciadas en el período anterior.

Asimismo, según explican desde la Consejería de Agricultura, el nuevo PDR "tendrá una gestión más orientada a resultados, para lograr la máxima eficacia con el presupuesto disponible". En este sentido, se han programado las inversiones de forma que el presupuesto del PDR sirva para dar contenido económico a algunos de los planes que la Junta ha aprobado y a los que le faltaba un presupuesto específico. Es del caso del Plan Director del Olivar (que cuenta con un subprograma dentro del PDR, dotado con 304 millones), del Plan Director de la Dehesa y del III Plan Andaluz de Agricultura Ecológica.

En cuanto al peso que la Consejería de Agricultura dará a cada una de las medidas específicas del nuevo PDR, los tres bloques de medidas más destacados por presupuesto son las inversiones en activos físicos, el de Agroambientales y Ecológico y el funcionamiento de los grupos de desarrollo rural.

Así, a las inversiones en activos físicos se les dedica el 33,07% del presupuesto; a las medidas agroambientales, clima y agricultura ecológica, el 28,45%; al funcionamiento grupos y a estrategias de desarrollo local, el 13,88%; al desarrollo de explotaciones y empresas (enfocado a jóvenes agricultores), el 7,28%; a medidas de ayuda a zonas desfavorecidas, el 3,86%; a inversiones de desarrollo en zonas forestales (forestaciones), el 2,80%; a asesoramiento, el 2,66%; a formación y transferencia, el 2,24%; a asistencia técnica, el 2,04%; a cooperación, el 1,30%; a calidad y promoción, el 1%; a la creación de agrupaciones de productores, el 0,50%; a bienestar animal, el 0,48%; y a inversiones de prevención y reconstitución, el 0,44%.

Dentro de las inversiones en activos físicos -que se llevan algo más del 70% (631 millones) del total del dinero dedicado a mejora de la competitividad, según datos de Asaja- el grueso de ese dinero se reparte entre las medidas de modernización de explotaciones, que se llevan un 32,5%, y las de agroindustria, que se llevan otro 32,5%, mientras que a las de mejora de infraestructuras (caminos, regadíos, etc) se les dedica un 31,3%. Asimismo -también según datos de Asaja- las ayudas agroambientales y a la producción ecológica suponen casi el 80% del presupuesto de sostenibilidad gestionado por la Consejería.

Según ha adelantado la consejería de Agricultura, para la concesión de financiación pública a los proyectos que se presenten se tendrán en consideración prioritaria aquellos que tengan un componente innovador, cuenten con jóvenes y mujeres en las entidades promotoras, pertenezcan a asociaciones y tengan una orientación ecológica.

Asimismo, desde el Gobierno andaluz han explicado que el PDR de Andalucía se enmarca no sólo en la Estrategia Europa 2020 donde se definen los objetivos que se pretenden alcanzar por la Unión Europea, sino también en otros documentos regionales como el Acuerdo por el Sector Agrario y el Mundo Rural Andaluz, firmado con el sector en 2013 y en el que se establecieron las siguientes estrategias generales: fomentar la mejora de la competitividad del sector agroalimentario; potenciar la formación y transferencia del conocimiento al sector, a través de la creación de espacios de conocimiento; considerar innovación y cooperación como políticas horizontales para su aplicación en todas las actuaciones a llevar a cabo; fomentar actuaciones en el sector agrario que contribuyan a conformarse como principal generador de empleo en el medio rural; potenciar la incorporación de jóvenes al sector agroalimentario y fomentar la sostenibilidad.

En esta ocasión, la Consejería asegura que una de sus apuestas estratégicas a la hora de emplear los fondos de Desarrollo rural será la de hacer "una clara apuesta por el relevo generacional" y, de hecho, a la hora de publicar las nuevas ayudas a la incorporación de jóvenes, que han salido con un presupuesto de 130 millones de euros, ya se avanzó que la idea era aumentar esa cifra si hiciera falta. En cualquier caso, entre los objetivos intrínsecos de estos planes está "propiciar la sostenibilidad económica, social y ambiental del campo andaluz y también el ser un importante instrumento de planificación para fomentar la competitividad, la diversificación económica y la calidad de vida de los pueblos andaluces".

Los objetivos principales que han de cumplir los PDR vienen marcados por Europa que de hecho aprueba cada uno de ellos -fase en la que aún está el PDR andaluz-. Esos objetivos básicos que han de cumplor todos y cada uno de los más de mil planes de desarrollo rural que se aplican en toda Europa son: fomentar la transferencia de conocimientos y las innovaciones en el sector agrícola, en el sector silvícola y en las zonas rurales; mejorar la competitividad de todos los tipos de agricultura y la viabilidad de las explotaciones y el manejo forestal sostenible; fomentar la organización de la cadena de distribución de alimentos incluyendo la transformación y comercialización de productos y la gestión de riesgos en el sector agrícola; restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas dependientes de la agricultura y la silvicultura; promover la eficiencia de los recursos y alentar el paso a una economía capaz de adaptarse a los cambios climáticos en el sector agrícola, el de los alimentos y el silvícola; así como fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico de las zonas rurales.