El miedo a dañar la imagen en el exterior del aceite español es lo único que frena a las organizaciones agrarias a la hora de poner el grito en el cielo contra lo que llaman "el fraude evidente" que se comete a la hora de comercializar muchos aceites bajo el apelativo de "virgen extra". Tanto Asaja, como COAG o UPA han denunciado de una manera u otra las manipulaciones comerciales que se cometen en la gran distribución con el aceite de oliva y en concreto con el virgen extra. Incluso la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores (Anierac) se ha unido a las protestas que desde el sector agrario se están levantando contra la actual política de comercialización de los aceites de oliva en los lineales de la gran distribución.

La prueba del fraude no la tienen las organizaciones agrarias nada más que por la evidencia de que si en origen un aceite virgen extra se vende a 3,2 euros el kilo (precio Poolred) es imposible que en los lineales esté por debajo de ese precio, a no ser que "o no sea la calidad que pone en la etiqueta o que se esté vendiendo a pérdidas", como explica José Vázquez, experto de Asaja Sevilla.

Desde COAG, Juan Luis Ávila asegura que las pruebas de estos fraudes las tiene el propio Ministerio y que la misma ministra García Tejerina se lo confesó a las tres organizaciones en una reunión: que tenían contrastadas muchas incidencias en los controles de calidad de los aceites y que esos resultados se estaban trasladando a las comunidades autónomas que tienen las competencias para investigar y sancionar. Precisamente la respuesta de la consejera de Agricultura a la denuncia de COAG minimizando el hecho de que han encontrado "disfunciones" en un 8% de las muestras analizadas ha levantado ampollas pues COAG no considera "despreciable" ese 8% y piden "tolerancia cero" con el fraude en el aceite.

En este asunto hay unanimidad en el sector y también UPA denunció hace unos días a varios establecimientos que, en su opinión, estaban vendiendo a pérdidas, es decir, por debajo del precio en origen. Pasado mañana precisamente está prevista una nueva reunión con el Ministerio para tratar este tema y en la que esperan que el Gobierno dé nuevos datos sobre esas incidencias detectadas.

Para los productores de aceite de oliva, estos manejos comerciales sobre el aceite son muy preocupantes por varios motivos: desde el daño que se hace a un producto emblemático al ofrecer aceites de menos calidad bajo la etiqueta de virgen extra hasta el daño económico a los que lo hacen bien, y que por hacerlo bien "tienen que vender a un precio mayor", lo que hace que sus productos parezcan poco competitivos y queden relegados en los estantes, explica José Vázquez de Asaja Sevilla.

Lo que reclaman los productores es que las administraciones -tanto Gobierno como comunidad autónoma- actúen con contundencia y rapidez y sancionen o cierren al que cometa fraude "con más o menos publicidad" según dicen "si lo que temen es hacer daño a la imagen del aceite español".

En cuanto a los precios del aceite se prevé que suban sí o sí. Los últimos datos de consumo demuestran que al ritmo en que se está produciendo la comercialización de aceite -125.000 toneladas al mes- y con la cosecha escasa de este año que, según José Vázquez, no va a llegar a las 800.000 toneladas a las que hay que sumar unas existencias de 500.000, por mucho que se importe de fuera no va a haber el suficiente para cubrir la demanda o sea que el mercado se tendrá que regular con subidas de precios.

En efecto, al ritmo de consumo actual se necesitarían al menos 1.450.000 toneladas para cubrir la demanda y según las cuentas no habrá más de 1.300.000. Y ello sin tener en cuenta la necesidad de dejar un stock de enlace de campañas que debe de ser de al menos 200.000 toneladas. En definitiva, no hay bastante aceite para la demanda y en los países vecinos, caso de Italia, está bastante más caro. Y si se vende más barato es que hay "algo raro".