CUANDO se plantea una reforma de una política pública como la PAC, se supone que es para mejorar las condiciones de vida de las personas a las que afecta. Sin embargo, la reforma de la Política Agraria Común, en lugar de buscar el beneficio de los ciudadanos en general y de los agricultores, en particular, se orienta hacia otros objetivos e intereses que nada tienen que ver con aquellos.

Es justo lo contrario de lo que se necesita en una situación de crisis como la actual, donde frente a la destrucción de puestos de trabajo y el deterioro económico de la población, las políticas públicas deberían apostar por fomentar las actividades productivas, generadoras de empleo.

En el ámbito del mercado, la política agraria ha mirado para otro lado, dejándolo en manos de los grandes grupos de distribución, con una cadena agroalimentaria absolutamente desorganizada y desequilibrada, sin relación democrática entre las distintas partes que la componen, y con clara desventaja de los eslabones más débiles.

Mientras tanto, Europa cierra acuerdos preferenciales con terceros países para generar bancos de pesca a la especulación, aprovechándose de situaciones de dumping económico, social y medioambiental. Acuerdos que, por cierto, se caracterizan por el incumplimiento sistemático de los calendarios, los contingentes y los precios de entrada, como viene ocurriendo en el caso de Marruecos; o por el escaso rigor en cuanto a las barreras sanitarias, que no funcionan, sin que esto se sancione, como hemos visto con las naranjas que vienen de Sudáfrica trayendo a Europa la "mancha negra" (inofensiva para el consumidor pero nefasta para el productor); o por el secretismo, como ocurre con el Acuerdo Trasatlántico para el Comercio y la Inversión con Estados Unidos (TTIP), que camina hacia la industrialización alimentaria comprometiendo el modelo de producción europeo, desarrollado en un marco de calidad y seguridad alimentarias.

Poco o nada de esto se aborda en la PAC que se nos acaba de imponer, que tampoco aborda las posibilidades de reducir los costes de producción, sino que ha centrado el debate en los apoyos, dejando que los productores nos peleemos por ellos.

En el caso andaluz el perjuicio se agrava, con un planteamiento a nivel nacional que maltrata doblemente a nuestra comunidad autónoma, donde predomina el modelo profesional agrario. Que Europa no apuesta por este modelo ha sido evidente desde el principio hasta el final, con un planteamiento que vincula las ayudas a la tierra y no a la actividad, excluyendo a sectores como las frutas y hortalizas y el vino, y que no garantiza precio ni renta. Pero luego vino el Ministerio de Agricultura, con un diseño de ayudas asociadas y un reparto de los fondos comunitarios para desarrollo rural que se ha hecho con un criterio claramente político, no objetivo ni agronómico, no para fortalecer al sector, sino para perjudicar a Andalucía.

Todo ello conforma un cóctel que limita la capacidad de crecimiento de una región como ésta, donde la producción del tejido primario es fundamental para el avance de nuestro sector agroalimentario en los mercados europeos e internacionales.

Los profesionales agrarios nos encontramos en una situación difícil, con precios que no remuneran los altos costes de producción. Costes que se mantienen, en un mercado de libre competencia que en muchos casos no existe, a pesar de que bajen el petróleo y el gas, que tanto tienen que ver con ellos, porque los oligopolios de los inputs como el gasóleo, los plásticos, los fertilizantes y los piensos campan a sus anchas y cada vez se llevan mayor parte del valor de la producción. Según el análisis de COAG, en la última década los consumos intermedios se han encarecido casi un 40%, mientras la renta agraria corriente ha caído un 16%. Esto se traduce en que de cada euro del valor de producción, prácticamente la mitad (0,49 euros) se gasta en insumos productivos.

Como vemos, cualquier avance para ganar mercado europeo descansa en la renta del productor, sea del autónomo o del asalariado.

Por eso, tenemos que reclamar el espacio que nos corresponde por derecho propio, con políticas adaptadas a las necesidades reales y no a las especulativas de los grupos de interés económico, que actúan contra el interés general y que ponen en riesgo el futuro de la alimentación, porque los mercados se caracterizan por la volatilidad y la inestabilidad con la que se mueve nuestro mundo, y en cualquier momento podríamos vivir una crisis alimentaria, porque ni está todo tan controlado como algunos creen ni es tan fácil de controlar.

Tenemos que pensar en Europa, en los 500 millones de ciudadanos que necesitan y exigen soberanía y seguridad alimentaria. Y Europa es lo que es: nada de grandes llanuras de monocultivo muy industrializado y superintensivo, sino diversidad, explotaciones de tamaño mediano, muy profesionales, que trabajan en un marco de calidad, seguridad alimentaria y respecto al medio ambiente. En ellas está el empleo, garantía de vertebración de nuestro territorio.