La sentencia de la pieza política del caso ERE sigue deparando problemas para la dirección del PSOE andaluz y, en concreto, para Susana Díaz. Adelante Andalucía solicitará al Parlamento que repruebe a la actual líder socialista y ex presidenta porque fue bajo su mandato cuando la Junta se retiró de la causa judicial sobre la utilización de fondos públicos para el pago de ayudas sociolaborales sin los controles necesarios. 

"Susana Díaz cometió un gravísimo acto contra los intereses de los andaluces", ha defendido Ángela Aguilera, portavoz de Adelante Andalucía, en referencia a esa decisión de renunciar a la vía penal, lo que impide la reclamación del dinero defraudado por esa vía, aunque mantiene la vía civil. El Gobierno andaluz ha reconocido ya en varias ocasiones que hay pocas posibilidades de recuperar la totalidad de los 680 millones de euros, aunque 80 ya están de vuelta en las arcas andaluzas. 

Teresa Rodríguez, líder andaluza de Podemos, ya solicitó la semana pasada la dimisión de Susana Díaz por esta misma razón. También lo ha hecho hoy el PP, en la persona de José Antonio Nieto, portavoz, después de que inicialmente no lo solicitase. "Susana Díaz ha conocido en profundidad los hechos y, si no hay responsabilidad penal hay una clarísima responsabilidad política".

Ciudadanos ya había pedido la marcha de la ex presidenta, sin aludir al asunto de la recuperación del dinero. La respuesta de Díaz alude a una decisión del gabinete jurídico de la Junta, puesto que, según su versión, fueron los letrados de la Administración quienes tomaron la decisión.

La proposición no de ley sobre la reprobación, que se debate hoy en la reunión de la Mesa de la Cámara, irá al Pleno, como muy pronto, en la segunda quincena de diciembre. La coalición de izquierdas no circunscribe su propuesta de reprobación a Susana Díaz, sino a los "gobiernos socialistas relacionados con la utilización ilegal de los fondos públicos enjuiciados en la causa judicial de los ERE". El texto aboga también por solicitar al actual Consejo de Gobierno que adopte medidas para garantizar "procedimientos limpios y transparentes" en la adjudicación de ayudas públicas. 

Adelante Andalucía señala así a los ejecutivos liderados por Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Y la paradoja está en que en el segundo caso había miembros de IU dentro del gabinete. "No pedimos la reprobación de personas, sino de políticas", explican desde la federación de izquierdas.