Andalucía

Alaya imputa a José María Ruiz Mateos por incluir intrusos en varios ERE

  • El empresario tendrá que acudir a declarar el 5 de marzo por expedientes de Nueva Rumasa La juez devuelve el DNI al ex consejero Antonio Fernández tras lamentar éste que es un "paria"

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha citado a declarar como imputados el próximo 5 de marzo al empresario jerezano José María Ruiz Mateos y a uno de sus hijos, Zoilo Ruiz Mateos, por la inclusión de intrusos en varios ERE del grupo Nueva Rumasa. En un auto notificado a las partes, Mercedes Alaya toma esta decisión después de las declaraciones prestadas a lo largo del pasado mes de enero por el que fuera director de la división hotelera de Nueva Rumasa, Carlos Miranda Bacciarini, y los directivos del grupo Javier Espinosa y Javier Bertola.

Carlos Miranda aseguró que José María Ruiz Mateos le presentó al conseguidor de los ERE y ex sindicalista de UGT Juan Lanzas hablando de él "como un colaborador" y reconoció que en una ocasión entregó a Lanzas "un sobre", aunque dijo desconocer que tal extremo representase "ningún pago". La instructora destaca que de estas declaraciones "se desprende que pudieran existir otras personas implicadas, que serían conocedoras de los diferentes hechos que son objeto de investigación" de la causa. En concreto, imputa tanto a José María Ruiz Mateos como a su hijo Zoilo la consecución de los ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos y de empresas del grupo como Garvey, Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista y Zoilo Ruiz Mateos, lo que fue posible "a través del tráfico de influencias ejercido" por ambos y por Juan Lanzas, "a quien se le pagaría como 'conseguidor' ante la Administración autonómica a razón de 600.000 euros por ERE".

La juez argumenta que José María Ruiz Mateos "ostentaría la dirección" del grupo Nueva Rumasa "apoyado" por su hijo Zoilo, siendo ambos "quienes en última instancia tomaban las decisiones participando junto con otros miembros de la familia en la inclusión de los intrusos en los ERE del Hotel Cervantes, Dhul o Complejo Bodeguero Bellavista, entre otros.

En esta causa permanecen imputados otros dos hijos del empresario jerezano, Javier y Pablo, para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicitó fianzas de responsabilidad civil de 8,5 millones de euros en relación al ERE del Hotel Cervantes, donde fueron incluidos como intrusos Carlos Andrés Sendino y José Antonio Cuevas.

Según la investigación judicial, Javier y Pablo Ruiz Mateos habrían entrado en contacto con Juan Lanzas para gestionar el mencionado expediente de regulación de empleo y él se habría comprometido a conseguir financiación autonómica para el procedimiento obteniendo a cambio unos 600.000 euros, siempre supuestamente. La investigación, en ese sentido, señala que Lanzas habría sido objeto de "pagos en B", o sea dinero negro, a través de la entrega de "sobres quincenales o mensuales de 20.000 o 25.000 euros".

Tanto Javier como Pablo aseguraron en su declaración ante la juez Alaya que no intervinieron directamente en el ERE del Hotel Cervantes y negaron haber realizado pagos en metálico o en dinero b a Lanzas.

Entre los autos notificados ayer se encuentra también el que acuerdadevolver el DNI que retiró como medida cautelar al ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, quien abandonó la cárcel en agosto de 2012 tras pagar una fianza de 450.000 euros.

Mercedes Alaya estima la petición realizada por el abogado del ex consejero, a la que no se opuso la Fiscalía Anticorrupción, que consideró "suficiente" la retirada del pasaporte. El propio Fernández había denunciado que se sentía un "paria" al ver cómo se le "han cerrado las puertas del mercado laboral" .

El abogado del ex consejero pidió a la juez que le devolviera el DNI al tratarse de "un elemento de uso habitual en la vida ordinaria", por lo que "sin mayor esfuerzo se entiende bien la aflicción moral a que inevitablemente queda sometido quien ignominiosamente ha de exhibir ante terceros desconocidos su condición de persona sujeta a una investigación criminal cada vez que se hace precisa la identificación personal", lo cual sucede "cotidianamente, por ejemplo si se toma un vuelo doméstico o cuando se paga en un comercio o en un restaurante mediante tarjeta de crédito".

La juez, que también acuerda devolver el DNI al exconsultor de Vitalia Jesús Bordallo, acepta que el ex consejero de Empleo comparezca, no cada semana como lo hace actualmente, sino el primer martes de cada mes o al día siguiente hábil.

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, también ha impuesto una fianza civil de 593.306 euros a Juan Antonio Caravaca, secretario de la Federación de Industria de CCOO de Sevilla, por la inclusión de dos intrusos entre los once prejubilados en la empresa Calderinox, cantidad de la que responderá su sindicato.

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