La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha reclamado al Parlamento para que aporte al sumario "todas las enmiendas" formuladas por los distintos grupos parlamentarios a las leyes de Presupuestos, en relación la partida 31L de la Consejería de Empleo, conocida como el fondo de reptiles, en el periodo comprendido entre 2002 y 2009.

La instructora ha decidido recabar esta información que fue solicitada por el abogado Juan Carlos Alférez, que representa a un ex director de la agencia IDEA, y que supone una prueba que las defensas consideran de gran importancia para sostener que los hechos que se investigan en relación con estos ex altos cargos no pueden ser constitutivos de delitos, por cuanto el pago de las ayudas era aprobado cada año en la ley de presupuestos.

Además de esta prueba, la juez también ha accedido a otra de las diligencias propuestas por esta defensa y que consiste en reclamar al Parlamento para que aporte una relación "de la exacta documentación que año a año y durante el periodo investigado, se remitía al Parlamento de Andalucía en relación con la aprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma Andaluza", según recoge un nuevo auto de la juez que tiene fecha de este miércoles.

De la misma forma, la juez ha requerido al Parlamento para que remita "la exacta documentación que año a año el Consejo de Gobierno le remitía concerniente al Proyecto de Ley de Presupuestos".

Alaya ha accedido a la práctica de estas pruebas propuestas por la defensa "en aras de dar una más ajustada respuesta al derecho de defensa de esta parte y de aquellas que comparten tesis comunes, a fin de mantener el adecuado equilibrio ante la admisión de otras pruebas que pudieran ofrecer un resultado incriminatorio, pues la labor de este juzgado está dirigida a investigar la realidad de los hechos", precisa el auto.

El abogado Juan Carlos Alférez aseguró en su recurso que estas pruebas "en modo alguno pretenden criminalizar la actividad parlamentaria", sino sólo introducir en el proceso un material para que los imputados, en fases posteriores, lo puedan utilizar y "ejercitar con plenitud el derecho de defensa".

La juez ya había acordado en marzo pasado pedir los diarios de sesiones de la Comisión Parlamentaria de Economía y Hacienda entre 2001 y 2010 donde se debatió el presupuesto anual, así como la sesión plenaria que aprobó los correspondientes presupuestos en dicho periodo.

El abogado había pedido además que el Parlamento acreditase haber recibido y distribuido entre los integrantes de la Comisión de Hacienda los expedientes de modificaciones presupuestarias, así como todas las enmiendas formuladas por cada uno de los grupos de la cámara en relación con las leyes de presupuestos.

El defensor pedía igualmente que el Parlamento acreditara haber distribuido la información que le remitía la Cámara de Cuentas de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, pero Alaya considera que "no existe motivo alguno para poner en duda que si el Parlamento recibía la información relativa a la Cuenta General por parte de la Cámara de Cuentas no se haya distribuido entre los integrantes de dicha Cámara", y por tanto ha rechazado esta prueba propuesta.