En los últimos cuatro años hemos asistido al espectáculo que, día a día, ha ido ofreciendo la juez Mercedes Alaya en su exhaustiva investigación del escándalo de los ERE, una causa en la que la magistrada se ha situado en una posición aventajada, similar a la de un avezado francotirador, desde la que ha ido cobrándose las piezas de decenas de altos cargos de la Junta de Andalucía hasta completar la pirámide que ella dibujó y que ha acabado con la exposición razonada del Supremo en la que se atribuye un delito de prevaricación a dos ex presidentes de la Junta. Pero con su marcha voluntaria a la Audiencia de Sevilla y su deseo de continuar instruyendo las macrocausas, Alaya ha perdido esa precisión milimétrica del francotirador y ha apretado el botón rojo, pasando de las armas automáticas a la de destrucción masiva y sin tener en cuenta los daños colaterales, incluido el fuego amigo.

En su intento de perpetuarse en la investigación de las tres macrocausas -ERE, cursos de formación y avales y préstamos de la agencia Idea-, Alaya no ha dudado en remitir un contundente informe a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debe pronunciarse finalmente sobre el reparto de los sumarios, en el que sobrepasa los argumentos estrictamente jurídicos para descalificar a la nueva titular del juzgado de Instrucción número 6, María Núñez Bolaños, de la que llega a cuestionar su capacidad profesional para hacerse cargo de estas investigaciones y, lo que es más grave, su independencia como juez por su amistad con el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera. "Se da la circunstancia de que la prensa en general, cuestión que expongo como mero lector sin la menor certeza, pero que a la vez me inquieta, pone de manifiesto que la señora Núñez Bolaños mantiene una estrecha amistad con el consejero de Justicia, don Emilio de Llera, notorio detractor del trabajo de esta instructora", asevera Alaya en el informe que envió el 25 de junio al CGPJ, que consta de ocho folios y al que tuvo acceso este periódico.

En esas páginas, la que fuera titular del juzgado durante 17 años argumenta que la finalidad de la medida de refuerzo aprobada es la "agilidad y eficacia" en la tramitación de las causas, pero añade que esos fines deben ser conjugados con la "seriedad y el rigor" en la tramitación de las causas complejas. "Estas máximas por su normal desconocimiento en este momento no se dan en María Ángeles Núñez, frente a la experiencia y los resultados que humildemente, pero también de manera innegable, avalan mi trayectoria", alega Alaya, que añade que su "gran preocupación" ha dejado de ser la ralentización de las causas -"que sin duda se produciría"-, sino la "ausencia de confianza" que la actuación de la titular le genera por su actuación en la causa de los ERE y en los Cursos de Formación. Sobre esta última macrocausa, Alaya sostiene que la división de la investigación respecto a las delegaciones provinciales de Empleo y los servicios centrales, "pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas".

Alaya insiste en que la agilidad debe estar absolutamente "compenetrada con el rigor" y por ello su opinión personal, apoyada en "demasiados datos objetivos", es que el hecho de que Bolaños asuma la causa de los cursos le genera "una gran inquietud" [palabras que Alaya subraya en su escrito], "pues al margen de sus escasos conocimientos de la misma de la jurisdicción penal por su veteranía como juez de familia, dicha ausencia de confianza deriva de datos objetivos de su actuación". Entre esos "datos objetivos", Alaya esgrime que Bolaños "omitió el trámite de audiencia a su plan de actuación en contra de lo prevenido en el acuerdo del TSJA de 8 de junio de 2015".

La magistrada continúa acusando a Bolaños de intentar dividir la causa de los ERE cuando aún no se ha resuelto la distribución del trabajo en el juzgado. "Pretende aprovechar estos días de estancia en mi actual plaza de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla para dividir la causa en piezas para el reparto de su enjuiciamiento, cuando olvida o mejor desconoce que casi la mitad de las ayudas deben ser remitidas al Tribunal Supremo que entiende de los presuntos delitos de prevaricación-malversación del señor Viera", afirma el informe, en el que Alaya cree que con esta resolución se "evitaría su entrada en la comisión de servicio relativa a esta causa", es decir, que la dejaría fuera los ERE.

La magistrada alega que debería dejarse a ella la dirección de la causa "sin interferencias durante los seis meses que ha de durar la comisión" y que tenga autonomía para pedir en su caso "la colaboración o refuerzo si lo considerara necesario". En el supuesto de que hubiera que dividir los ERE -algo a lo que vuelve a oponerse- porque lo decidiera la Audiencia, Alaya no duda en afirmar que tal separación debería hacerla ella porque es quien "sin lugar a dudas tiene mejor conocimiento y visión global de la causa", organizando las piezas y la metodología para hacerlo "si eventualmente así se acordara por la superioridad". La juez dice que Bolaños "tiene la decidida intención de separar en piezas la causa, según lo ha manifestado a la oficina judicial y de hecho ha dado un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre dicha cuestión".

Alaya deja incluso algunas incógnitas sobre lo que ella haría en el futuro con los ERE. "Es más que posible que esta instructora, dándose la extraña coincidencia de la vuelta de los aforados autonómicos a la causa principal, no pueda continuar con la instrucción de la causa y no pueda acometer las medidas de agilización oportunas, algunas entiendo que extraordinariamente innovadoras y efectivas, sobre todo a la luz de la exposición razonada del Tribunal Supremo y que me reservo exponer antes de dar comienzo a la comisión".

La juez también se refiere a la primera decisión que adoptó Bolaños, nada más tomar posesión del juzgado, cuando anuló un auto suyo en el que, precisa Alaya, había acordado "dar impulso a la investigación del entramado de Ángel Ojeda a través del auxilio jurisdiccional de la Intervención General de la Junta de Andalucía, a la que, habiéndole designado las más de 50 entidades propiedad de este señor, le solicitaba su colaboración".

Alaya se queja de que se auto se dejó sin efecto "por una simple providencia", algo que considera un actuación "absolutamente irregular conforme a las leyes procesales". En su dictamen, Mercedes Alaya considera "un error" atribuir las causas de los avales de Idea y los cursos de formación "si lo que se pretende es la agilidad, eficacia y la aplicación de los protocolos de experiencia, y advierte sobre los cursos que existe "un estudio tan avanzado de la misma" que requiere un previo análisis de la extensa normativa reguladora, los programas presupuestarios, analizar los informes de la Intervención General, etcétera.

Por último, Alaya cuestiona el acuerdo del TSJA que facultaba a la titular para informar en un plazo de dos meses sobre la efectividad de las medidas y sin tener en cuenta a los dos comisionados.

Las frases del informe remitido al CGPJ

"La nueva titular me genera una gran inquietud, pues al margen de sus escasos conocimientos de la jurisdicción penal por su veteranía como juez de familia, dicha ausencia de confianza deriva de datos objetivos de su actuación".

"Me inquieta que la señora Núñez Bolaños mantiene una estrecha amistad con el consejero de Justicia Emilio de Llera, notorio detractor del trabajo de esta instructora".

"Las máximas de seriedad y rigor necesario no se dan en María Ángeles Núñez frente a la experiencia y los resultados que humildemente, pero también de manera innegable, avalan mi trayectoria".

"Considero un error, si lo que se pretende es la agilidad, eficacia y la aplicación de protocolos de experiencia, la atribución a la nueva titular de las macrocausas de los avales y de los cursos de formación, sobre todo en esta última, en la que existe un estudio tan avanzado de la misma".

"Mi gran preocupación ha dejado de ser la ralentización de las causas (que sin duda se produciría), sino la ausencia de confianza que su actuación me genera por su actuación en los ERE y Cursos de Formación".

"La división de los Cursos respecto de la investigación de la Delegación provincial de Empleo y el servicio central, pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas".

"En los ERE pretende aprovechar estos días de estancia en mi actual plaza de la Audiencia para dividir la causa en piezas… y con esta resolución evitaría mi entrada en la comisión de servicio relativa a esta causa".

"Es imposible que la titular pueda informar de causas que no conoce, e ineficaz y perturbador que pueda proponer refuerzos o medidas sobre dichas causas a su simple parecer".