La juez Mercedes Alaya ha justificado su decisión de que los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ratifiquen el informe sobre los ERE fraudulentos en su juzgado y no ante el Tribunal Supremo, porque recuerda que la competencia del Alto Tribunal ha quedado "constreñida" a cinco aforados, mientras que la instrucción para el resto de imputados que no tienen esta condición continúa en su juzgado y para estas personas este informe es la "pieza fundamental".

La defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán había pedido al Supremo que impidiese a la juez tomar declaración a los peritos y lo argumentaba con un auto de la juez Mercedes Alaya, del pasado 30 de septiembre de 2014, en el que la propia magistrada rechazaba la petición de la defensa de otros dos ex altos cargos de IDEA imputados en la causa para que se citara a declarar a los peritos del IGAE para ratificar su peritaje. Alaya decía en ese auto que teniendo en cuenta que en la exposición razonada remitida al Tribunal Supremo aparecen nueve personas aforadas "de las que podría derivarse responsabilidad por las presentes actuaciones, es procedente, a fin de no causar indefensión a los mismos, demorar la ratificación del informe pericial para que sea practicada en su sede definitiva". Esa sede definitiva no podía ser otra que la Sala Segunda del Supremo, que en noviembre pasado asumió la competencia para la instrucción al abrir una causa contra los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como contra los ex consejeros de la Junta José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno.

Alaya ha aprovechado este auto para responder a las alegaciones de la defensa de Griñán, que pidió la suspensión no ante su juzgado sino ante el Supremo. Dice la instructora, en el nuevo auto que tiene fecha de ayer, que en esa resolución del 30 de septiembre "se acordaba demorar" la ratificación del informe para que fuera practicado en su sede definitiva. "Dado que la competencia del Tribunal Supremo ha quedado constreñida, por ahora y sin perjuicio de lo que resulte de la investigación a cinco aforados, y que el resto de la causa con más de 250 imputados, para los que el informe pericial sigue siendo la pieza fundamental, está residenciada por ahora en este juzgado, no debe dilatarse más la práctica de la ratificación ordenada", afirma ahora la instructora.

Alaya ha aplazado la declaración de estos peritos al 25 de febrero porque "considera apropiado" que se ratifiquen en su dictamen "con pleno conocimiento" del contrainforme realizado por los catedráticos a instancias de la defensa, y también que las demás partes personadas en el procedimiento "conozcan previamente el contenido del citado informe".

En el escrito dirigido a la Sala Segunda del Supremo, la defensa de Griñán sostenía que la decisión de Alaya de citar a los peritos a ratificar el informe en el que reprochan expresamente la actuación de Griñán y de otros aforados constituye una "clara vulneración" de la competencia del Alto Tribunal, así como una "violación" del derecho de defensa y del principio básico de contradicción. El abogado de Griñán subraya en su escrito que la juez Alaya ha sido siempre "plenamente consciente" de que esa ratificación y contradicción del informe no podía llevarse a cabo sin la presencia de los aforados, pues ese acto les afectaría de forma fundamental y su ausencia en el mismo les provocaría una "grave indefensión".

El letrado considera que la juez ha tenido casi 14 meses, desde que recibió el informe pericial en diciembre de 2013, para practicar esta prueba y, sin embargo, ha mantenido una "absoluta inactividad procesal" durante todos estos meses, "unas veces sin motivación y otras con la única motivación de que la ratificación debería producirse en la sede definitiva del Tribunal Supremo para que los aforados no padecieran ninguna indefensión".

Mohedano añadía que ahora que la juez reconoce "paladinamente" que se ha enterado por la prensa de la existencia de un contrainforme realizado por la defensa, "se desdice de todos su alegatos para no celebrar durante 14 meses la ratificación de la prueba pericial en pro de la protección del derecho a un proceso sin indefensión de los aforados".

El hecho de haber solicitado además ese informe elaborado para la defensa por dos catedráticos de derecho financiero y tributario apunta a que no sería descartable que pretendiera preguntar a los peritos sobre este nuevo peritaje, añade el letrado, que recuerda que no puede decirse que esa ratificación no tenga ningún efecto sobre la causa porque la juez podría elevar posteriormente el acta al Supremo.