El contraataque de la Junta, a modo de recursos, no quedó ayer sin respuesta de la juez Alaya. La magistrada ha dictado recientemente dos resoluciones que afectan directamente a la Administración autonómica. En la primera resolución, una providencia que tiene fecha del 24 de octubre, la instructora da traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie sobre una petición realizada el pasado 12 de julio por el sindicato Manos Limpias -que ejerce la acusación popular en el caso de los ERE- para que se "expulse" de este procedimiento a la Junta ante la actitud "totalmente obstruccionista" que según el sindicato muestra la Junta en esta investigación.

Manos Limpias consideró en ese escrito que era "inaudito" que una parte que se considera perjudicada por un posible ilícito penal, "mantenga una actitud de defensa de los imputados, más propia de parte acusada" y añadía que el derecho a la tutela judicial "no es incompatible con la limitación del abuso de derecho, cuando es evidente que lo que se pretende es crear una imagen procesal que realmente no es la que corresponde con la realidad". Por ello, el sindicato pedía igualmente que, con carácter subsidiario, se transforme la condición procesal de la Junta en el sentido de que sea considerada "responsable civil subsidiaria de los delitos que hayan podido cometer los imputados" que han ostentado cargos de responsabilidad dentro de la Junta. La instructora ha dado cinco días al fiscal y a las demás partes para que se pronuncien sobre esta petición de apartar a la Junta del caso de los ERE.

La segunda actuación de Alaya tiene forma de auto, dictado el pasado 21 de octubre, en el que la instructora acuerda abrir nuevas líneas de investigación relativas a los denominados consorcios-escuela y para ello ha reclamado un acta del consejo de Gobierno del 28 de enero de 2014, ya presidido por la presidenta Susana Díaz, en el que se acordó la disolución de los consorcios-escuela Forman de Málaga, Formades de Almonte (Huelva) y CTI de San Fernando (Cádiz).

En la nueva resolución, Alaya explica que para la "correcta investigación" de los hechos que se investigan en esta causa y "de acuerdo con los últimos testimonios, tanto en sede policial como judicial, es procedente abrir diferentes líneas de investigación", para lo cual se hace "imprescindible" la práctica de nuevas diligencias. Además de reclamar la entrega de ese acta sobre los tres consorcios-escuela, la juez pide a la Junta que aporte la certificación del contenido íntegro de "las actas del consejo de viceconsejeros relativa a la disolución de dichos consorcios-escuelas", y también los informes emitidos y/o recibidos por la Junta en relación a dichos consorcios y a la "situación de los restantes".

Alaya requiere a la Intervención General de la Junta para que en tres días remita el informe de fiscalización realizado sobre el consorcio-escuela de Gelves (Sevilla) respecto al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

De otro lado, Alaya ha requerido igualmente a la dirección general de Formación de la Junta para que en el plazo de diez días emita un informe "detallado de todos aquellos expedientes" en los que la Fundación Andaluz Fondo de Formación y Empleo (Faffe) haya actuado como "agente externo" -algo que afirmó el testigo clave y ahora también protegido, Teodoro Montes, en su declaración ante la juez-. La instructora pide que se indique la fecha, el importe de la subvención, la entidad beneficiaria y los rendimientos económicos obtenidos por la Faffe en cada caso, todo ello desde el año 2003 en adelante.

Además, la magistrada ha incorporado a la causa el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, publicado en el BOJA de 25 de abril de 2013, sobre las subvenciones concedidas a los consorcios escuelas en 2008 y 2009, y por último ha requerido al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que aporte al juzgado el organigrama en el que se establece la estructura de la Faffe desde su inicio en 2003 hasta la actualidad, en el que se incluyan los correspondientes cargos directivos, tanto de la Dirección General como en las diferentes gerencias provinciales y oficinas de la Faffe.