La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha aplazado hasta el próximo día 25 la declaración de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que elaboraron el informe pericial que avala todas las sospechas de la instructora, desde el uso "inadecuado" e "improcedente" de las transferencias de financiación al reproche al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y las ex consejeras de Economía Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo de no haber adoptado las medidas necesarias para evitar el fraude.

La magistrada ha decidido aplazar una semana la ratificación del informe, que iba a comenzar mañana, para dar tiempo a las demás partes personadas en la causa para que puedan estudiar el contrainforme pericial elaborado por dos catedráticos a instancias de la defensa de Griñán y que llega a conclusiones distintas a las de los peritos del Estado.

Estos peritos sostienen que el uso de las transferencias de financiación al IFA para el pago de las ayudas era "inadecuado" e "improcedente" y que las subvenciones se concedieron con la absoluta ausencia de procedimiento legal, lo que impidió la fiscalización previa por el interventor delegado en la Consejería de Empleo.

El nuevo informe ha sido elaborado por los catedráticos de derecho Financiero y Tributario Juan Zornoza Pérez y Miguel Ángel Martínez Lago, quienes llegan a conclusiones completamente diferentes a las de los peritos que realizaron su análisis por encargo del juzgado de Alaya. Para empezar, los catedráticos defienden que las transferencias de financiación son un "instrumento perfectamente idóneo y legalmente adecuado para financiar la actividad del IFA/Idea" y aseguran que fue el Parlamento andaluz quien decidió que las mismas fuesen la "figura presupuestaria adecuada para implantar la política de ayudas sociolaborales" que se pretendía llevar a cabo, de modo que "no se puede mantener que la inclusión de la partida 31L [conocido como el fondo de reptiles] sobre la que se discute en las leyes de Presupuestos fuera inadecuada o improcedente, como pretende el informe de la IGAE". Según estos expertos, las transferencias no son más que uno de los “expedientes técnicos que las Administraciones públicas emplean para dotar de fondos a determinados entes instrumentales como IFA/Idea, de manera que nada extraño ni irregular existe en su empleo”.

También rechazan los peritos que las ayudas puedan calificarse como subvenciones a empresas, pues "las prestaciones en que consisten dichas ayudas no sustituyen, ni eximen, ni liberan a las empresas de su obligación indemnizatoria que, con carácter general, se cumple y atiende antes del abono de las referidas ayudas públicas", y al no ser ayudas a empresas, no tenían por qué comunicarse previamente a la Unión Europea.

Los peritos circunscriben el posible fraude a la Consejería de Empleo y exculpan al resto de organismos de la Junta. "Las presuntas irregularidades se habrían producido en el momento de la ejecución del gasto, por parte de las autoridades competentes de la Consejería de Empleo, sin que tengan relación alguna con el comportamiento irreprochable de la dirección general de Presupuestos, de la Consejería de Hacienda y de las restantes autoridades intervinientes en el procedimiento de elaboración del proyecto de Presupuesto, para su sometimiento al Parlamento de Andalucía", precisan.

Argumentan  además que la Consejería de Economía y Hacienda "carecía de información para poder siquiera sospechar que se estuvieran produciendo irregularidades en la ejecución del gasto autorizado con cargo a los créditos del programa 31L" y por ello "no tenía motivo alguno para oponerse a la inclusión de dichos créditos en el anteproyecto del Presupuesto de los ejercicios sucesivos, ni siquiera en términos puramente políticos".

Los expertos de la defensa subrayan sobre la actuación de la Intervención General de la Junta que este organismo podía haber intensificado el control de las ayudas e incluso haber elaborado el denominado "informe de actuación", por lo que si no lo consideró necesario, "al no apreciar circunstancias que por su importancia pudieran ocasionar menoscabo de los fondos públicos, debió ser porque no advirtió irregularidades relevantes", por lo que "difícilmente podían tener noticia de las irregularidades presuntamente cometidas los directores generales de Presupuestos, o los viceconsejeros y consejeros de Hacienda, e incluso los responsables en IFA/Idea de realzar los pagos".

Concluyen además que estas autoridades promovieron acuerdos del Consejo de Gobierno para mejorar el control financiero sobre las empresas de la Junta, dando muestra de que Hacienda y el propio Consejo "actuaron con la mayor diligencia en el cumplimiento de las tareas de su competencia" relacionadas con el control financiero y la adopción de medidas para mejorar su eficiencia.

A juicio de los peritos, el Parlamento ejerció sus competencias con arreglo a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía y en su Reglamento, "sin hacer dejación de las mismas ni sufrir tampoco un hipotético engaño acerca del contenido de las autorizaciones presupuestarias" que aprobó como parte de las leyes de Presupuestos. Es más, las abundantes enmiendas planteadas por los grupos parlamentarios en torno a los créditos del programa 31L "demuestran que el Parlamento conoció, valoró y tuvo oportunidad de modificar el destino atribuido a los mismos".

Por ello entienden que "no hay nada censurable –ni mucho menos irregular o ilícito– en el hecho de que las ayudas sociolaborales fueran incorporadas a los presupuestos de la Junta por vía de modificaciones presupuestarias, ni tampoco en que luego se produjeran otras modificaciones presupuestarias en los créditos incorporados al programa 31L".