Los cálculos de hace poco más de un año señalaban que serían unos mil millones los que la Junta de Andalucía tendría que devolver al Estado. Pero las cuentas se han disparado, y serán casi quinientos más: concretamente 475, 9 millones de euros más que agregar a aquellos mil de los que se hablaba en junio del año pasado. Andalucía es la comunidad autónoma que más dinero tendrá que reintegrar a las arcas estatales, según se desprende de los números definitivos de la liquidación 2008 de la financiación autonómica que ayer dio a conocer el Ministerio de Economía y Hacienda.

El saldo a favor del Gobierno es evidente: en total, se embolsará más de 5.500 millones de euros. A la astronómica cifra deberán hacer frente las autonomías en un plazo que comprenderá los próximos cinco años. Madrid ha sido la comunidad que ha salido mejor parada, la única a la que el Estado deberá reembolsar 15 millones de euros a pesar de que en el capítulo por recaudación del IVA consta una deuda de 641,1 millones de euros a favor del sistema.

El montante global ilustra la situación financiera de las regiones, que se refleja en el momento en que se establece la diferencia entre el rendimiento definitivo de los recursos y las entregas a cuenta efectuadas, según los datos del departamento que dirige Elena Salgado.

Algo era previsible: la caída en picado de la recaudación por el IVA en todas las comunidades autónomas. Junto con Cataluña, que en el batacazo de este tributo se lleva el récord, con una reducción de 839 millones de euros, Andalucía registró una bajada de 712,7 millones. Ha sido uno de los efectos más nocivos de la crisis para las administraciones.

En el análisis de los diversos conceptos, el Estado sí deberá ingresar a la comunidad autónoma andaluza 303,8 millones de euros por la recaudación del IRPF, además de otros ocho millones por impuestos especiales. Además, en materia de garantía por asistencia sanitaria, de las arcas estatales con rumbo a las de Andalucía deberán salir 110,8 millones de euros.

Esa dinámica se trunca en el caso del Fondo de Suficiencia, que cubre las necesidades de ingresos regionales. En este caso, la cantidad a pagar por la Junta es de 1.186 millones de euros, la mayor cifra, con diferencia, si se analiza el conjunto de comunidades autónomas, y a los que se sumarán los ya mencionados 712,7 millones por la recaudación del IVA.

Este desplome derivado de la parálisis del mercado de la vivienda y del consumo familiar es uno de los principales causantes de los números concluyentes dados ayer por Economía y Hacienda. A ello hay que añadir el aumento de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de los pagos por parte de los contribuyentes, así como el aumento de la economía sumergida y, por tanto, de una mayor floración del fraude fiscal.

La explicación por la que la Junta, así como el resto de las administraciones autonómicas, deba hacer frente ahora al abono de algo que se cobró en 2007 estriba en el propio modelo de financiación vigente, en el que se recoge que la liquidación de estos impuestos y sus ajustes se hace dos años después. Ello constituye, sin duda, otro quebradero de cabeza más para el Ejecutivo que preside José Antonio Griñán y, de forma más directa, para la Consejería que dirige Carmen Martínez Aguayo, que deberá fajarse a fondo para cuadrar los números en un ejercicio que se antoja tan crítico como clave para el futuro económico de Andalucía.