Uno de los nueve buques de la empresa de Huelva Astipesca S.L. que permanece en la bahía de Fernán Díaz de la república de Santo Tomé ha salido ardiendo por causas que se desconocen durante la mañana de hoy.

En declaraciones a Canal Sur Radio en Huelva, recogidas por Europa Press, el embajador de España en Gabón y Santo Tomé, Ramiro Fernández, relató que "se desconoce si este incendio ha sido fortuito", pero explicó que "empezó a salir humo por el puente de mando del buque, que se intentó apagar con un extintor, pero el fuego se avivó".

De la misma forma, indicó que "no se quiere utilizar agua para apagar las llamas para evitar que la embarcación se hunda y tapone los canales de navegación de la zona", aunque confió en que esta circunstancia "no interfiera en la vuelta de los dos marineros --el jefe de máquinas Manuel Gil Vidal y el patrón José Carrasco Custodio-- y del representante de la empresa en las próximas horas".

En este sentido, consideró que "hay garantías para la vuelta porque las administraciones locales han aceptado las medidas adoptadas por la empresa y por la Embajada española para la seguridad de estas embarcaciones", de las que destacó que "son de elevado coste y permanecerán allí hasta que la empresa esté en disposición de recuperarlas".

Con todo, indicó que "no se puede dar garantía al 100% de la vuelta de los tres españoles", aunque insistió en que todas las instancias "insisten en que la situación está prácticamente resuelta para que puedan salir de Gabón, lo más probable, en el vuelo que se dirige a Lisboa".

Fernández recordó que el problema para la vuelta de los marineros y el responsable de Astipesca está en que la administración local "quería garantías de que los barcos fondeados en la bahía no encallen en la Costa en caso de tormentas, no obstaculicen la navegabilidad de los barcos o no se produzca vertido".

Así, estimó que la retención de dos trabajadores sin acusarlos de delitos es "irregular", aunque precisó que "no se han obtenido explicaciones por escrito de las razones de esta retención" y rehusó a valorar si se trata de una "ilegalidad", al desconocer la legislación de Gabón.